Nueva York, 1º de noviembre. Los contratistas de seguridad privada que apoyan la estrategia contra el tráfico de drogas en América Latina deben ser regulados para que se responsabilicen de las violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer, urgió hoy la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el informe del grupo de trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios, presentado este martes ante la Asamblea General, los estados deben aprobar con carácter prioritario leyes para reglamentar la actividad de estos últimos, empresas militares y de seguridad privada.

El documento estableció además que la reglamentación debe prever la responsabilidad civil y penal en caso de violaciones a los derechos humanos, algo que por el momento no está considerado en las legislaciones de América Latina.

Al grupo de trabajo le preocupa la falta de transparencia y de rendición de cuentas de estas empresas, así como la ausencia de un marco normativo internacional que permita supervisar sus actividades, apuntó el informe presentado por Faiza Patel, directora del grupo.

En entrevista con Notimex, la experta dijo que los acuerdos firmados por Estados Unidos con Colombia y México para asistirlos en su lucha contra el tráfico de drogas incluyen específicamente cláusulas de inmunidad para los contratistas militares privados.

La gran preocupación que tenemos es la inmunidad, porque el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para la erradicación de drogas incluye inmunidad para los contratistas que operan en el terreno. Y ha habido reportes de abusos y violaciones a derechos humanos tras la firma de tales contratos, declaró Patel.

Por ello, el grupo de trabajo urgió a aprobar un marco regulatorio internacional que norme la actividad de mercenarios y contratistas militares en el mundo.

Existe actualmente ya un borrador de la legislación, que será discutido en enero próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo con Patel.

La ayuda que otorga Estados Unidos a América Latina para su lucha contra el tráfico de drogas se destina en su mayoría (52 por ciento) a contratistas privados, también estadunidenses, de acuerdo con documentos del Congreso de este país.