n la tierra que popularizó el término feminicidio, los crímenes de mujeres, jóvenes y niñas no cesan. En el mar de la guerra no declarada que vive México, las olas de la violencia de género se perfilan como tsunami que no provoca alarma entre las instituciones encargadas de procurar justicia.

Al menos, no en los hechos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, se suma en México a la lista de preceptos legales que no impiden crímenes, no detienen a responsables y no resarcen a las víctimas de los agravios, porque son preceptos construidos dentro un sistema jurídico disfuncional y corrupto. En tanto, miles de familias siguen buscando justicia para sus hijas muertas.

Ningún espacio público interesado en resolver el problema del feminicidio podrá encontrar forma mientras carezca de fondo. Pensar que un ordenamiento como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habrá de detener la violencia de género es no conocer la realidad. Hoy, el territorio determinado o la zona territorial específica donde se ejercen formas extremas de violencia de género es nuestro país entero. Surge, además, la pregunta de cómo podrían detenerla algunas acciones gubernamentales al tiempo que otras acciones gubernamentales sostienen una guerra.

Las políticas de Estado no apuntan a respetar ni la integridad ni la libertad de las mujeres en México. Hace varias décadas que la frecuencia y la intensidad de las violaciones cruzaron los límites del horror, sobre todo porque miles de feminicidas gozan de absoluta impunidad. Irónicamente, las encarceladas son las mujeres.

De acuerdo con cifras del Centro de Derechos Humanos Las Libres (septiembre, 2011), en México hay mujeres presas por haber abortado en San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Sonora, Chiapas, Baja California y Guanajuato. Tan sólo en Guanajuato, 166 mujeres fueron aprehendidas en la década pasada. Debido a la presión social, acaban de ser liberadas seis mujeres campesinas después de vivir ocho años en prisión.

A pesar de haber tenido abortos espontáneos, estuvieron sentenciadas con penas que oscilaban entre 19 y 29 años, acusadas de homicidio en razón de parentesco. Una había tenido cuatro embarazos productos de violación.

La violencia de género también se hace visible en la pobreza extrema, la esclavitud o trata de personas, el desprecio en el ámbito laboral y el racismo contra los pueblos indígenas. En resumen, pasan los años y se acumulan cajones de crímenes sin resolver. La constante, por supuesto, es la impunidad.

Esta violencia directa contra las mujeres difícilmente puede analizarse fuera de su contexto. No estamos ante casos aislados, sino frente a una situación generalizada donde el sistema jurídico mexicano se encuentra desmantelado. Es por ello que decenas de organizaciones se coordinan ya dentro del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Este esfuerzo se suma a otros que reúnen a personas indignadas que deciden organizarse frente a la imposibilidad real de ser respetadas por las instituciones mexicanas.

Ante la necesidad de difundir a escala internacional el verdadero rostro de la procuración de justicia en nuestro país, el Tribunal Permanente de los Pueblos comenzó formalmente sus trabajos el pasado 21 de octubre en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundado hace 32 años en Italia (1979), el TPP sigue los trabajos iniciados por Bertrand Russell, Jean Paul Sartre y otros activistas que llevaron a juicio de conciencia el genocidio ocurrido en Vietnam durante los años 60 del siglo pasado.

En el capítulo México del tribunal se han establecido varias audiencias unidas por los efectos que el libre comercio y la guerra sucia han tenido sobre los derechos de los pueblos. Las audiencias llevarán a juicio moral a los responsables de los agravios causados por esa guerra y todo lo que la acompaña: destrucción ambiental, desinformación y asesinato de periodistas, atropellos en el ámbito laboral, devastación del maíz y otros alimentos insustituibles, desapariciones forzadas, migración, violencia.

Una de las audiencias trabaja en la presentación de casos específicos de feminicidios y violencia de género.

La ineficacia de las autoridades mexicanas, incluso ante casos ya juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha llevado a mujeres integrantes de la sociedad civil a construirse un tribunal.

La magnitud de los agravios las ha llevado a organizarse una vez más, conscientes de que muchas veces no basta con atestiguar. Hay que testificar.

*Académica y activista