La embajada de Estados Unidos en México informó ayer que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, determinó la prohibición para los ciudadanos estadunidenses de realizar cualquier transacción financiera o comercial con el mexicano Martín Gaudencio Avendaño Ojeda,  presunto lugarteniente del cártel de Sinaloa, así como con sus dos hermanos y dos empresas ubicadas en México.

La acción tomada el día de ayer, conforme a la Ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), prohíbe a los estadunidenses toda transacción financiera o comercial con los designados y congela los bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

Según apuntó el director de la OFAC, Adam Szubin, la acción tomada contra Martín Avendaño Ojeda tiene como objetivo interrumpir la capacidad de su red de distribución de drogas en Estados Unidos y sus negocios de lavado de dinero, los cuales generan fondos para el cártel de Sinaloa, en dicho estado.

También hizo ver que en dichas acciones, Avendaño es apoyado por sus hermanos Héctor Manuel y Sergio, los cuales también fueron designados, y que además, como parte del permanente esfuerzo del Departamento de Tesoro para identificar y desbaratar las vías financieras de dicha organización criminal que comandan Ismael El Mayo Zambada y sus lugartenientes, se resolvió que serán señaladas las empresas Autos Mini, concesionario de automóviles en Ensenada, Baja California, y el Autódromo Culiacán, pista de carreras de automóvil ubicada en la capital sinaloense, debido a que las mismas son propiedad de Martín y su hermano Héctor.

Esta instancia del gobierno estadunidense explicó que al ser designadas estas personas, la ley les prohíbe a los ciudadanos del país vecino toda transacción financiera o comercial con dichos individuos y congela los bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Explicó que estas acciones fueron realizadas gracias al apoyo de la agencia para el control de drogas (DEA) y el Servicio de Rentas Internas (IRS).

El mexicano fue designado

A escala internacional, la OFAC ha designado a más de mil  entidades y 94 individuos vinculados a cabecillas de la droga desde junio de 2000. Las violaciones a la llamada Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas hasta de mil 75 millones de dólares por cada violación y penas  criminales más severas.

El castigo para los directivos de empresas puede ser de 30 años en prisión y multas de 5 millones de dólares. Las penalidades económicas para las empresas alcanzan los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar 10 años en prisión.