Después de mantenerla congelada durante más de una década, el Senado aprobó ayer una minuta para indicar que los delitos cometidos contra servidores públicos y demás funcionarios de la Federación, incluyendo al Presidente de la República, magistrados, ministros, legisladores, así como miembros de organismos descentralizados, serán juzgados por jueces federales.

Se trata de una iniciativa presentada en noviembre de 1999 por el entonces diputado y actual senador perredista Pablo Gómez, quien dijo ayer ante el pleno que se debió gastar mucha energía eléctrica para mantenerla en refrigeración durante 11 años.

La minuta llegó al Senado el 29 de abril de 2000 y se aprobó ayer, con 76 votos en favor y una abstención.

Esto nos lleva a pensar que el diálogo entre las cámaras del Congreso está atrofiado, que existen muchas decenas de proyectos en una y en otra cámara que no se revisan, que pasan los años y las cosas siguen igual, aunque esta práctica es evidentemente inconstitucional, agregó Gómez.

La reforma modifica el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para especificar que es delito federal el que se comete contra un servidor público en el ejercicio de su función o con motivo de la misma, como una represalia, agresión o secuestro. Ello sin importar el motivo por el que se cometió el delito.