El Senado brasileño aprobó ayer la creación de una comisión de la verdad que tendrá la misión de investigar torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985), entre otras violaciones a los derechos humanos.

El proyecto, aprobado por votación simbólica, que entrará en vigencia tras ser promulgado por la presidenta Dilma Rousseff, otorga a la futura comisión el poder de exigir documentos de organismos públicos –incluso los considerados secretos–, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.

El grupo no tendrá poderes para castigar a agentes de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, que habrían sido beneficiados por la amnistía política dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

Para evitar una crisis con las fuerzas armadas, el texto de la propuesta fue considerablemente atenuado: desaparecieron expresiones como represión política y el periodo a ser investigado fue ampliado para iniciarse en 1946 y terminar en 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.