Mientras 90 por ciento de la selva de la reserva de los Tuxtlas en Veracruz desapareció y 50 por ciento del parque nacional La Malinche se perdió, el gobierno federal mantiene la política de dar prioridad a plantaciones forestales comerciales y minimiza el trabajo comunitario, sostuvo Greenpeace.

Ejemplificó que en Michoacán hay un crecimiento de 640 por ciento en la producción de aguacate a partir de la destrucción de bosques. En todas las áreas donde se ha talado vegetación hay expansión de actividades agrícolas o ganaderas; el mercado determina el uso de suelo.

En la presentación de la propuesta [R]evolución forestal: hacia una nueva política forestal para detener el cambio climático, Héctor Magallón, coordinador de la campaña de Bosques y Selvas de esta organización, sostuvo que no hay información confiable respecto de la pérdida de bosques, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habla de 150 mil hectáreas al año, mientras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportan 500 mil hectáreas.

En conferencia de prensa, explicó que para detener la deforestación en México en el año 2020, como plantea el gobierno federal, y hacer frente a los impactos del cambio climático, es necesario hacer cambios profundos en las políticas públicas que intervienen en la pérdida de los bosques, porque no valoran estos ecosistemas y en consecuencia se destruyen.

La propuesta, resultado de una consultoría encabezada por la organización, parte de que hay políticas con objetivos distintos en diversas dependencias, que son las que se imponen frente a la necesidad de preservar los ecosistemas forestales y darles un manejo integral por los invaluables beneficios ambientales que brindan a la población.

Indicó que para recuperar los bosques se plantea la valoración y justa retribución de las actividades que contribuyan directa o indirectamente a su preservación, como la silvicultura comunitaria y el manejo forestal sustentable de comunidades y ejidos, así como los servicios que ofrecen.

La preservación de los ecosistemas forestales, concluyó, debe ser un eje transversal de la nueva política y ésta debe conducirse bajo un enfoque de desarrollo rural territorial que atienda las presiones y oportunidades derivadas de la interacción urbano-rural.