Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron una adición a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con el propósito de que las autoridades federales atraigan los delitos contra periodistas cuando se atente contra la libertad de expresión.

Con dicha modificación el postulado constitucional se plasmaría así: Las autoridades federales podrán conocer también los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexión con ilícitos federales o contra los periodistas que tengan como propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.

Alejandro Encinas, presidente en turno de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que la decisión de los órganos legislativos obedece al incremento desmesurado de los delitos contra los informadores mexicanos, como denunció recientemente la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.

La libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas. Entre 2000 y julio de 2010, 64 comunicadores fueron asesinados y 11 desaparecidos, lo que ubica al país como el más peligroso para ejercer el periodismo en América.

Al responder a esos argumentos, las comisiones señalaron que ante la situación de riesgo y agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión es preciso que cuando estos delitos trasciendan el ámbito de las entidades federativas y tengan efecto a escala internacional sean investigados, perseguidos o sancionados por las autoridades federales, las cuales cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar mayor eficacia y diafanidad en el manejo de los procesos correspondientes.

La tesis de los legisladores redundó en que, a pesar de que la libertad de expresión es parte del concepto de derechos humanos, otorgar competencia al poder federal para que los ilícitos no queden impunes repercutirá directamente en mejorar la procuración y administración de la justicia para las víctimas y sus familiares.

La facultad de atracción de la justicia federal, introducida en el numeral 21 del artículo 73, estipula que se ha detectado un incremento de los delitos que afectan a la sociedad y que atentan contra los valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde a las entidades federativas, entre ellos el derecho de la sociedad a ser informada por los periodistas.