acia finales de 2013 o principios de 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sección México habrá de resolver acerca de la acusación de numerosas organizaciones sociales, en el sentido de que la actuación del Estado mexicano ha configurado un patrón sistemático de desviación de poder.

En su petitoria señalaron que El Estado mexicano está desfondando el proyecto jurídico que emanó de la Revolución mexicana. En nuestro país ocurre una regresión democrática, una condición estructural de desviación de poder, de uso faccioso del derecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió en el caso del general Gallardo: La Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder. La desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Un acto administrativo puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos (Informe número 43/96, caso 11.430). Consideramos que es una práctica constante lo señalado por la CIDH como la utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. Sostenemos que la desviación de poder define la trayectoria de denegación de justicia sistemática que se vive en el país.

Respecto a la llamada guerra contra la delincuencia organizada se expresaron los saldos de la misma y la pretensión de ocultar con ella las otras guerras contra el pueblo que están en curso, con la depredación de los territorios indígenas, las miles de concesiones otorgadas a empresas trasnacionales, especialmente en el ámbito de la minería, las prácticas de criminalización y ruptura del tejido social.

El pasado 21 de octubre se formalizó el inicio de este proceso y es significativo el énfasis de los representantes del TPP, con sede en Roma, en el sustento normativo del mismo, como son la Declaración de Argel sobre Derechos de los Pueblos y el sistema internacional de derechos humanos. Se anotó: “En su historia, el TPP ha reafirmado la existencia de una jerarquía de normas, parte del principio de que los derechos humanos se encuentran en la cúspide y los intereses privados están subordinados; los derechos humanos están por encima del derecho de propiedad, garantizar los derechos humanos es deber del Estado. El modelo económico debe estar sometido a derechos humanos, los intereses privados deben estar subordinados. El TPP quiere dar voz a las víctimas; las sistemáticas violaciones inciden en la forma de vida de las comunidades. El TPP evidencia el derecho a la justicia como un derecho fundamental, un derecho a los derechos… Con mis colegas estamos aquí para asumir el compromiso del TPP para visibilizar la dolorosa situación de México; hoy se abre un proceso de audiencias que concluirán con una sentencia. El TPP reconfirma que lo que cuenta es la participación en la construcción del derecho y la democracia por parte de las y los ciudadanos y de los pueblos” (Franco Ippolito, vicepresidente del TPP).

Por su parte, Philippe Texier señaló: Tradicionalmente los jueces son mudos, se expresan a través de sentencias. Pero partiendo de lo que se ha dicho, se habló de descomposición, de deterioro de la justicia y de un alto grado de impunidad; por ello hay necesidad de visibilizar la situación en México. El peor crimen es el silencio, hay que luchar contra el silencio. México tiene una doble imagen, su imagen internacional es relativamente buena; el papel del TPP es mostrar si es o no real esa imagen. México ha ratificado todos los convenios (los enlistó) y no ha cambiado gran cosa en su política, pese a que ha comparecido a todos los espacios. El artículo 5º de Argel es fundamental, la autodeterminación también está en el artículo 1º de los dos pactos internacionales, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos y Sociales. ¿Realmente el Estado los respeta? Se han mostrado esta mañana elementos serios de violación; hoy empieza un ciclo, primero de investigación y luego de audiencias de cada uno. Tenemos el deber frente a esta impunidad de mostrar cuál es la realidad; lo haremos con toda independencia, con todos los testigos, todos los expertos. Sabemos que hay deterioro al medio ambiente que atenta contra el derecho a la salud, al agua, a la vida. Queremos ayudar al pueblo mexicano a que la verdad aparezca.

Así que viene un riguroso trabajo de selección de casos desde el punto de vista de la acusación fundamental, para demostrar la inversión de la jerarquía de los derechos humanos, mediante el nexo entre libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Es previsible que la verdadera imagen del México profundo se proyecte en el exterior y que logremos contribuir a la transición democrática, civil y pacífica con una real preferencia de los derechos humanos frente al interés del mercado.