Dos de las iniciativas del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado que están pendientes en el Senado son nuevamente motivo de debate en ese órgano legislativo, que prepara cambios de fondo, con el fin de evitar que se vulnere el pacto federal y los derechos humanos.

Se trata de la reforma constitucional para instaurar el mando único policiaco en el país y la iniciativa que crea nuevos tipos penales: confabulación y facilitación delictiva, con el fin de castigar con severidad a quien apoye a grupos del narcotráfico y en general a la delincuencia organizada.

Los trabajos se han intensificado en el Senado, ya que restan menos de dos meses al periodo legislativo, en medio además del inicio del proceso electoral de 2012.

Empezando noviembre comienza la cuenta regresiva para nosotros; por eso en las sesiones nos hemos centrado en los dictámenes, a fin de sacar los temas relevantes, comentó el priísta Francisco Arroyo Vieyra.

La discusión sobre el proyecto de mando único policiaco lleva más de un año, debido al desacuerdo entre las fuerzas políticas –incluso dentro la bancada panista– con esa propuesta presidencial. Algunos legisladores del blanquiazul, entre ellos Ramón Galindo, consideran que vulnera el municipio.

El senador perredista Tomás Torres señaló que no se ha logrado avanzar por la oposición del gobierno federal a que se modifique de manera toral la iniciativa y en forma alguna puede aprobarse en sus términos, ya que permite la actuación discrecional del secretario de Seguridad Pública y deja en los gobernadores la responsabilidad completa de los delitos de todo tipo.

Otras de las iniciativas conflictivas, según califica el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, es la que propone modificar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, que Calderón presentó en el Senado el pasado 14 de abril.

En ella el Ejecutivo plantea nuevos tipos penales, para sancionar toda conducta que implique apoyo o colaboración a grupos de la delincuencia organizada.

Establece condenas severas, por ejemplo, cárcel de 15 años para los llamados halcones (personas que espían para los grupos criminales), e incluso imputar los delitos cometidos por la banda a todos sus integrantes, aun cuando alguno de ellos no haya participado en el ilícito que se juzgue.

En el caso de instituciones financieras, se les responsabilizará por operaciones cometidas bajo su nombre o su amparo en beneficio del narcotráfico. La sanción llega a la incautación de bienes.

El senador González detalló que hay muchas dudas entre los legisladores, ya que se dan demasiadas facultades al juez para determinar un delito por complicidad, por lo cual han consultado a especialistas, con el fin de definir el alcance de los cambios y verificar que realmente beneficien a toda la ciudadanía y no se trastoquen los derechos humanos.

Tenemos que ser muy cuidadosos cuando está en juego la libertad de los ciudadanos, comentó el priísta Francisco Arroyo. Agregó que crear nuevos tipos penales, como los de confabulación y facilitación delictiva, requiere mucho cuidado.

El perredista Tomás Torres comentó que se repite en esa reforma la visión muy punitiva de Calderón y su intención de encontrar siempre salidas autoritarias al problema de la violencia. Dictaminarla en sus términos sería un gran error, insistió, ya que pretende establecer una comisión del delito colectivo, que no existe en el derecho penal mexicano.