“No sé si porque somos humildes, de bajos recursos, de una etnia, la mazahua… si eso es un problema y por eso Hugo está en la cárcel”. Más de cuatro años han pasado desde que este joven fue aprehendido y para su madre, Rosalba Ramírez, resulta incomprensible que haya sido sentenciado a más de 40 años de prisión, a pesar de que las acusaciones de secuestro y portación de armas prohibidas son falsas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de Hugo Sánchez Ramírez, de 23 años de edad, luego de verificar las irregularidades cometidas en el juicio, entre otras, que el indígena fue acusado falsamente por las víctimas del secuestro, mismas que ante el juez de la causa se retractaron y en una audiencia reconocieron que mientras estuvieron en cautiverio no pudieron ver a sus captores.

No obstante la evidencia que el juzgador tuvo a la vista con esto y las contradicciones en que incurrieron los policías del estado de México, que falsamente aseguraron haber participado en la detención de Hugo, así como la carencia de pruebas respecto a que el procesado haya accionado arma alguna, entre otras irregularidades, el juez sexto de primera instancia condenó a Hugo a 37 años y seis meses por el delito de secuestro, mientras el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales lo sentenció a cinco años de prisión por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Y eso, explicó el abogado Leopoldo Maldonado, del Centro Pro, luego que se cambió la acusación inicial que se limitaba a portación de arma prohibida, del fuero local, por la de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, tipificado como grave y del ámbito federal.

Las sentencias fueron ratificadas en una segunda instancia y de ahí pasaron a tribunales colegiados que resolverían la demanda de amparo directo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado miércoles atraer el caso y resolver en definitiva.

En conferencia de prensa, Simón Hernández, también abogado del Centro Pro, estimó que la resolución de los ministros podría darse en el transcurso de los siguientes seis meses. Ambos litigantes confiaron en que se resolverá en favor de Sánchez Ramírez y que los ministros declararán la nulidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que se omitió la presunción de inocencia del inculpado y tampoco tuvo acceso al debido proceso.

Recordaron que el máximo tribunal ya ha tenido resoluciones en este sentido con la liberación de las indígenas de Querétaro Alberta Alcántara y Teresa González, y los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Para Antonio Sánchez, padre de Hugo, la intervención del Centro Pro es la última oportunidad que tiene su hijo para comprobar su inocencia. Lo que sigue es que “se estudie bien el caso y se vea la realidad de las cosas.

Nosotros éramos gente trabajadora. Hugo me ayudaba a trabajar para sostener a la familia, era con quien más estaba en las labores del campo. Su aprehensión y todo lo que ha pasado en estos años nos ha destrozado la vida, pero creemos en la justicia. Si alguien comete un delito que lo pague, estoy de acuerdo, pero no lo estoy con las injusticias, señaló.