La guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 no ha cumplido con el cometido de reducir la violencia y las adicciones en el país, sostienen los investigadores Aram Barra y Daniel Joloy, quienes aseveran que, en cambio, ha dejado en el desamparo y la orfandad a miles de niños, cuyos padres han muerto o están en la cárcel por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el trabajo denominado Los niños, las víctimas olvidadas de la guerra contra las drogas, los autores cuestionan el hecho de que ninguno de los tres órdenes de gobierno se haya preocupado por atender a los menores, ya que ni siquiera hay cifras oficiales sobre cuántos niños perdieron a uno o dos de sus padres y en qué condiciones viven.

Esto sin contar que en los años recientes el número de menores de edad muertos en hechos vinculados con el tráfico de drogas o en operativos antidrogas se ha incrementado en forma alarmante.

Esta guerra, indican Barra y Joloy –quienes forman parte de la organización de derechos humanos del Programa de Política de Drogas de la organización Espolea–, daña a los niños, pero también afecta al tejido social. No obstante, los tres niveles de gobierno han ignorado el tema y han fallado en prever futuras ramificaciones del problema.

El documento señala que de acuerdo con Gustavo de la Rosa Hickerson, quien actualmente se desempeña como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, los hombres en México entre 18 y 35 años tienen en promedio 1.7 hijos, por lo que tan sólo en Ciudad Juárez habría más de 8 mil 500 huérfanos.

Y tomando esta referencia a escala nacional, Barra y Joloy estiman que la cifra de huérfanos en México supera los 50 mil, por culpa de la guerra contra las drogas. Estimación que se basa en la cifra de 30 mil muertos en la fecha en la que elaboraron su trabajo, y que actualmente superan 40 mil las víctimas de la violencia.

Tampoco hay cifras sobre el destino de los hijos de los más de 66 mil adultos capturados entre 2006 y 2009 por vínculos con el crimen organizado.

Por otra parte, señala que la Red de de Derechos de la Infancia sostiene que en México, de 2006 a la primera mitad de 2010, habían muerto 90 niños en hechos relacionados con la violencia antidrogas, muchos de ellos por fuego cruzado o en retenes militares.

El homicidio de jóvenes menores de 17 años se triplicó anualmente en los estados de Durango, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. En la primera, el homicidio en este grupo de edad pasó de 8.3 por cada cien mil habitantes a 24.3 por cada cien mil habitantes, de 2007 a 2008.

Mientras que en Ciudad Juárez se considera que 30 por ciento de los 4 mil 500 homicidios ocurridos en 2007 y 2008 eran de jóvenes menores de edad.

Los hijos o familiares de los muertos o detenidos en la lucha antidrogas crecerán con altos niveles de privaciones, en familias disfuncionales, con abusos sexuales, este es un factor de riesgo que debe ser tratado, cita la investigación al experto en temas relacionados con el narcotráfico Eduardo Buscaglia.

La violencia generada por el combate a las drogas, en la que se ha puesto énfasis en una intervención cada vez mayor de las fuerzas armadas, ha dejado de lado cuestiones como el desarrollo social y económico y la prevención, agrega el documento.

La lucha antidrogas, añade, “ha tenido consecuencias directas para los niños en lo individual, en su familia más cercana y en la comunidad, la cual se ve devastada por los efectos corrosivos a largo plazo que fracturan las estructuras sociales y políticas.

Los autores subrayan que la exposición a la violencia, pérdida de los padres, miedo en la escuela y en el entorno del hogar y el estrés que sufren los niños violan los derechos fundamentales de los menores.

El gobierno mexicano debe tomar en cuenta la situación y cambiar de estrategia para reducir los niveles de violencia y preocuparse más por los derechos de los niños.

Los supuestos logros que pregona el gobierno en el combate a las drogas son insuficientes e irrelevantes si se comparan con el enorme daño causado a los niños víctimas de la violencia en México, concluye el documento.