Con los votos de PRI, PAN y PRD, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió que desahogará la comparecencia del secretario del ramo, general Guillermo Galván Galván, en un desayuno en las oficinas del funcionario el miércoles de la próxima semana.

El único voto en contra fue el del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien ironizó: Estamos ante un caso único de que son los diputados quienes comparecen ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no, como define el artículo 69 de la Constitución, de que los secretarios de despacho deben comparecer ante el Poder Legislativo.

El principal argumento para acudir al despacho del general Galván fue que convocarlo a comparecer en el contexto de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, podría originar descortesías de algunos diputados hacia el secretario de la Defensa.

Asimismo, la comisión aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que incluye como causal de cancelación de licencias para portar armas el que el poseedor cometa un delito doloso contra su cónyuge o algún miembro de su familia.

Esa reforma se aleja de la iniciativa que presentó la diputada Arcelia Cruz Cruz (PRD), quien propuso cancelar la licencia para portar armas a quien ejerza violencia contra alguna mujer o contra algún miembro de la familia.

También en este punto el único voto en contra fue el de Ibarra Pedroza, quien argumentó que el cambio distorsiona el proyecto de la legisladora perredista, porque el problema que pretende zanjar la iniciativa trasciende el ámbito de los actos individuales consumados, susceptibles de sanción penal, para entrar en el terreno de la prevención, la no repetición de conductas, la integralidad de los derechos humanos y las acciones afirmativas para revertir la inequidad histórica que han sufrido las mujeres.

El dictamen, sostuvo, no toma en cuenta el componente de agresión sicológica que entraña la violencia intrafamiliar, y en especial la de género.

Ibarra consideró que el documento asumió la postura de las instituciones militares (que) son sumamente reacias a entender las implicaciones simbólicas y culturales de los temas de género.