Con un borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo a un lado el caso de 35 niños víctimas de abuso sexual o violación en el jardín de niños Andrés Oscoy Rodríguez, localizado en Santa Cruz Meyehualco, delegación Iztapalapa, denunciaron las madres de los pequeños.

Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno de la dependencia, y el titular de la SEP ni siquiera ha querido recibir a las mujeres, quienes han insistido en que se garantice la seguridad de los pequeños que acuden a los planteles educativos, pues fueron trabajadores federales contratados por la dependencia federal los que abusaron de los niños, expusieron las madres.

Saúl Blancas Tamayo, José Reyna Sandoval y María de la Luz Cano, los primeros conserjes y la última directora del plantel, se encuentran detenidos por violación, abuso sexual, encubrimiento y pederastia; todos son trabajadores federales, informó Alejandro Rojas Pruneda, abogado de las familias.

A siete meses de lo ocurrido, los niños de entre tres y cinco años siguen sufriendo las secuelas de la agresión: no duermen, tienen temor de ir al baño, a la escuela o se orinan en la cama, Otros son agresivos o no hablan, se ocultan de la gente, narraron algunas progenitoras. Otras aún evaden hablar de la experiencia que tuvieron sus pequeños.

Ante los daños físicos y sicológicos se levantaron denuncias, pero hubo quienes optaron por olvidar lo sucedido. 23 familias son representadas por organizaciones defensoras de los derechos de la infancia en México. El plantel tenía matrícula de 300 alumnos.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, comentó que el caso, además del gran impacto que causa en la vida de las niñas y los niños que han sido víctimas de delito, refleja condiciones de inseguridad que prevalecen en muchas de las instituciones educativas del país.

Las escuelas, añadió, en muchos casos se convierten en espacios propicios para la violación de los derechos de los niños, cometidas por personas que tienen la obligación de garantizar y proteger su integridad y desarrollo.

Margarita Griesbach Guízar, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, expuso que no se cuenta con un trato adecuado para los niños víctimas de delitos; se les excluye del acceso a la justicia y ante la falta de un proceso adecuado se agrava el daño porque se les revictimiza.

Ambos representantes, que llevan la defensoría legal de los pequeños violentados, señalaron que el reto es poder restituir los derechos de estos niños y niñas. Para ello se debe tomar en cuenta que son distintos a un adulto y el trato debe ser diferente.

La jefe delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada Molina anunció, que se integraran 504 comités vigilantes en las escuelas publicas, que se encargarán de identificar abusos en los niños y recurrirán a la Unicef.