Al responder a las críticas del ex mandatario Vicente Fox y del precandidato presidencial panista Ernesto Cordero sobre la supuesta prohibición de los debates que habría ordenado el Instituto Federal Electoral (IFE), el presidente del organismo, Leonardo Valdés, rechazó que ésta sea una pretensión de la institución.

El organismo, subrayó, estableció, por instrucciones del tribunal electoral, sancionar la compra de espacios para mensajes políticos de cualquier tipo.

Valdés reviró en torno al desconocimiento de Fox sobre las decisiones del IFE y el origen de las modificaciones que produjeron dichas sanciones: “Está prohibido comprar tiempos para transmitir mensajes políticos. Hay que recordar que la reforma de 2007 –que así lo señala– se dio para resolver la situación compleja que se produjo en las elecciones de 2006. Creo que quien era presidente entonces debería hacerse cargo de que ese cambio fue producto de una situación política en la que él fue actor sobresaliente”.

En rueda de prensa, en el contexto de la última reunión regional con la estructura del organismo, el consejero Alfredo Figueroa también descalificó las críticas que políticos panistas han hecho contra el IFE, a quienes tildó de desinformados. Sin embargo, cargó contra la postura del ex mandatario. Recordó que la reforma se debe a que, en su momento, Fox puso en riesgo la elección de 2006 irrumpiendo en el proceso electoral, lo cual afectó la equidad de la contienda.

Fox debería asumir la responsabilidad de haber incidido de manera no adecuada en las elecciones de 2006. Recordó que el tribunal electoral, en su momento, imputó a Fox haberse extralimitado en su participación y haber puesto en riesgo los comicios de 2006. Mencionó que a partir de entonces se ha impuesto una regulación mayor de los espacios y, en particular, se llevó a cabo una modificación electoral que restringió la adquisición de espacios en radio y televisión.

Ambos consejeros reiteraron que el TEPJF ordenó sancionar la adquisición de tiempos en medios electrónicos para realizar debates, y que fueron los magistrados quienes asumieron la convicción de que se había detectado la compra de espacios.