A pesar de la gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, como advirtió el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, las autoridades han hecho muy poco para resolver estos crímenes, encontrar a las víctimas y sancionar a los responsables, deploraron activistas especializados en el tema.

Julio Mata, coordinador de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que el gobierno ha ignorado las peticiones de que ponga en marcha un sistema integral de investigación y búsqueda en casos de desaparición forzada, a pesar incluso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es falso que realmente estén buscando a Rosendo Radilla (luchador social de Guerrero desaparecido por elementos del Ejército en agosto de 1974). Las autoridades están excavando en sitios marcados por las víctimas, pero no piden el testimonio de los represores, que son quienes saben dónde pueden estar los restos, denunció.

Las desapariciones ocurridas en la actualidad –dijo– tampoco están siendo objeto de ninguna investigación seria, e incluso en muchas ocasiones el Ministerio Público ni siquiera acepta las denuncias al respecto, lo cual alimenta el círculo vicioso de la impunidad desde los años 70.

A pesar de la cerrazón oficial, los organismos de la sociedad civil deben seguir recordando a los tres poderes de la Unión su responsabilidad de crear una ley general contra la desaparición forzada, capacitar a jueces y magistrados para la atención de víctimas y diseñar protocolos adecuados de ayuda.

Blanca Hernández, integrante de la Fundación Diego Lucero, indicó por su parte que la indolencia del gobierno es de tal magnitud que la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla tiene ya dos años, sin que las autoridades se hayan comprometido en una búsqueda real.

Como no hay castigo para los crímenes ocurridos hace más de 30 años, los represores siguen cometiéndolos, de ahí la importancia de que los organismos internacionales de derechos humanos sigan visitando el país y documentando esta situación, advirtió.

Aunque manifestó dudas de que el gobierno le dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, Hernández apuntó que las organizaciones civiles deben seguir su trabajo de denuncia, y consideró que la propuesta de crear una fiscalía especial para el tema no es desdeñable, siempre y cuando dicha instancia esté conformada por especialistas sensibles, no sólo por funcionarios judiciales sin una perspectiva completa del asunto.