Washington, 28 de septiembre. Una jueza distrital autorizó hoy la aplicación parcial de la polémica ley antinmigrante de Alabama, al permitir que autoridades del estado verifiquen el estatus legal de estudiantes y personas detenidas por la policía cuando exista sospecha razonable de que se encuentran en forma ilegal en Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de México lamentó que secciones clave de la ley HB 56 de Alabama no hayan sido suspendidas temporalmente por la Corte Federal del distrito norte del estado y dijo que realizará un análisis jurídico a fondo de la decisión, para estudiar las opciones legales a su alcance.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la citada legislación afecta los derechos humanos y civiles de los mexicanos en esa entidad, por lo cual los consulados se mantendrán atentos a cómo estas cláusulas son implementadas para evitar abusos y brindar asistencia jurídica oportuna si ello ocurre.

La jueza de Alabama Sharon Lovelace Blackburn aprobó asimismo la cláusula que penaliza con 100 dólares de multa y hasta 30 días de cárcel a quien no porte documentación para probar su situación migratoria. En contraposición, mantuvo el bloqueo de una cláusula de la legislación que criminaliza las solicitudes de empleo por inmigrantes sin papeles y otra que penaliza el transporte o albergue de indocumentados.

Legislación xenófoba y racista

El pasado primero de agosto el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la legislación y declararla inconstitucional, tras alegar que la ordenanza interfiere con la responsabilidad exclusiva del gobierno federal en materia migratoria.

La ley antinmigrante de Alabama es considerada la más estricta de Estados Unidos, pues incluso rebasa los alcances de la polémica legislación SB 1070 de Arizona, según organizaciones de defensa de derechos civiles.

Mientras, las autoridades detuvieron a 2 mil 901 indocumentados con antecedentes criminales en Estados Unidos entre el 17 y el 23 de este mes, en el mayor operativo policial (Cross Check, verificación), reportó la agencia de Aduanas e Inmigración.

El director de la dependencia, John Morton, informó que de los detenidos, mil 282 tenían múltiples condenas y más de mil 600 habían purgado penas en el pasado por delitos como asaltos a mano armada, tentativa de asesinato, secuestro o narcotráfico.

De los cerca de 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, cerca de un millón tienen antecedentes penales en este país, agregó.