La solicitud presidencial al Senado para que se retire la declaración mexicana en el Pacto de San José fue considerada por diversos sectores políticos y sociales como una grosera, desproporcionada y condenable irrupción de Felipe Calderón en el debate que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las leyes antiaborto en Baja California y San Luis Potosí.

En rueda de prensa, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró una grosera intromisión presidencial en el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y consideró su actitud como un retroceso. En tanto, la secretaria general de ese partido, Dolores Padierna, señaló que México no puede regirse por dogmas religiosos. No podemos admitir que Calderón esté queriendo eliminar un tratado internacional basado en el Estado laico, señaló.

Zambrano llamó a los senadores a no retirar –como pide Calderón– la declaración interpretativa del gobierno de México sobre el párrafo primero del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, donde se prevé que la ley protegerá en general el derecho a la vida a partir de la concepción.

Actuar congruente

Confió en que la SCJN actúe en congruencia con el rechazo que dio al recurso de inconstitucionalidad que en su momento se promovió contra la ley que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

En tanto, para representantes de colectivos feministas el presidente Felipe Calderón está actuando más como líder de un partido, en este caso Acción Nacional, que como jefe de Estado.

Nos parece desproporcionado que se coloque en esa posición para tratar de incidir en la Suprema Corte de Justicia en el debate sobre el aborto; evidentemente no actúa como un representante de los mexicanos, señaló Martha Juárez, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

Elsa Conde, del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, lamentó que el titular del Ejecutivo federal tome partido en contra de los derechos de las mujeres y quiera usar al Senado para intimidar a la SCJN.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México también condenó la solicitud, y su coordinadora, Alba Jiménez, señaló que es una incongruencia que el Presidente diga que busca proteger el derecho a la vida desde la concepción y, al mismo tiempo, encabece una guerra en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil muertos.

Él no es un defensor de la vida, no la protege. Me parece desafortunada su intervención, porque ha habido más de 50 mil muertos, los que llaman daños colaterales, por una guerra que no le pedimos.

Sostuvo que esta petición presidencial también es retrógrada, pues es inconcebible que después de 30 años de que México hizo la declaración interpretativa del primer párrafo del artículo cuarto del Pacto de San José, se pretenda echar atrás derechos ya ganados por las mujeres.

Pidió que el Senado no permita que se retroceda en los derechos de las mujeres, sobre todo cuando existe una deuda con este sector por parte de los legisladores de diversos estados en los que se limita e incluso penaliza la interrupción del embarazo.

Con información de Ariane Díaz