Monterrey NL, 22 de septiembre. La sanción contra Jorge Camacho Rincón, director estatal de Protección Civil, por haber avalado en 2007 las condiciones de seguridad del casino Royale, donde murieron 52 personas el pasado 25 de agosto en un incendio provocado por miembros del grupo delictivo de Los Zetas, dependerá de los peritajes que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz.

Este jueves, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local y la dirigente estatal de ese órgano político, Sandra Pámanes, exigieron la remoción de Camacho Rincón, no sólo por la negligencia, sino por haber mentido respecto al aval que dio a la casa de apuestas. Pámanes, señaló que se deben fincar responsabilidades penales contra las autoridades estatales involucradas.

Ante la solicitud de los panistas, el gobernador señaló: Vamos a esperar cómo resulta la averiguación que se está haciendo y de los peritajes que se están llevando a cabo por la PGR en relación a las características y lo que contaba el inmueble al momento de la conflagración en donde nosotros estamos coadyuvando.

Algunos de los sobrevivientes, relataron que aquel día en que ocurrió aquella tragedia, se agravó debido a que el negocio tenía bloqueadas con muros de concreto y candados las salidas de emergencia. De acuerdo con las autopsias realizadas, sólo siete de las víctimas murieron calcinadas y las 45 restantes por intoxicación con monóxido de carbono.

El líder parlamentario del PAN, Víctor Fuentes Solís, dijo que el señor (Jorge Camacho) es un criminal mentiroso, porque si hay una persona cuya responsabilidad en los hechos está comprobada es el director de Protección Civil. Por decencia tiene que separarse inmediatamente del cargo y ponerse a disposición de las autoridades competentes.

Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Caso Royale en el Congreso local, Héctor Gutiérrez de la Garza, sostuvo que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, atenta contra el principio de transparencia al negarse a proporcionar el expediente relacionado con el caso y anunció que recurrirá a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León para que cumpla la garantía constitucional.

El legislador priísta cuestionó: ¿Qué oculta Fernando Larrazabal, si no fue en su administración cuando otorgaron la licencia de uso de suelo y la licencia de alcohol? Aclaró que aunque la Secretaría de Gobernación tampoco ha proporcionado información, aún está a tiempo ya que la Ley Federal de Acceso a la Información le otorga 20 días para hacerlo.

En tanto, el comité estatal del PAN recibió la notificación que hizo el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido sobre la solicitud de sanción en contra de Fernando Larrazabal, acordada la semana pasada por éste órgano. La notificación fue recibida por el secretario general del partido, Arnoldo Ledezma, quien a su vez deberá turnar a la Comisión de Orden del Consejo estatal blanquiazul, que preside Hiram de León.