Las autoridades de Veracruz no han solicitado el apoyo del gobierno federal para investigar la muerte de 35 personas y tampoco han realizado estudios criminológicos a los cadáveres, aseguraron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes agregaron que el Ministerio Público Federal inició un acta circunstanciada para conocer del caso, si la procuraduría local requiriera apoyo técnico.

En tanto, en la ciudad de México, fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), de la PGR, determinaron este jueves que por el momento no hay suficientes argumentos jurídicos para iniciar una averiguación previa por la probable comisión de algún delito federal relacionado con el caso de las 35 personas cuyos cadáveres fueron tirados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, la tarde del pasado martes, revelaron fuentes ministeriales.

Los funcionarios consultados en la PGR indicaron que no se cometieron delitos concurrentes (federales y del fuero común) que trastoquen algunas de las leyes en materia de delincuencia organizada. Tampoco se contempla, hasta el momento, que la dependencia ejerza la facultad de atracción que le otorga la ley procesal penal. El artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales indica que en caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales.

Por ahora, únicamente la delegación de la PGR en Veracruz ofreció a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad el apoyo de servicios periciales para realizar los exámenes de criminalística y medicina forense de los cuerpos arrojados a la vía pública, revelaron fuentes ministeriales.

Operativo de vigilancia en la sede del Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de JusticiaFoto Notimex

Los 35 cadáveres hallados el pasado 20 de septiembre en Boca del Río están en las instalaciones del Servicio Médico Forense en el puerto de Veracruz. Fueron acomodados en el piso y cubiertos a medias con sábanas.

De acuerdo con información de autoridades de Veracruz, solamente han sido identificados seis de los 35 cuerpos; los demás permanecen en calidad de desconocidos y no se han realizado peritajes para establecer su identidad, toda vez que solamente hay capacidad para ocho cadáveres en estas instalaciones del Semefo.

De acuerdo con versiones gubernamentales, los 35 ultimados pertenecían al cártel de Los Zetas y habrían sido asesinados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que al igual que otros grupos criminales en esta entidad están trabajando para el cártel de Sinaloa.

Las fuentes señalaron que 90 por ciento del territorio veracruzano está controlado por Los Zetas, pero el cártel de Sinaloa, en sociedad con grupos como Los Pelones, está tratando de identificar a zetas que se dedican al narcomenudeo y extorsión, para disminuir el poder de la organización que dirigen Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño.