En el presente año han muerto 26 trabajadores de minas de carbón, de los cuales 17 no estaban registrados ante el Seguro Social. Veintiuno murieron entre abril y el 5 de septiembre, periodo en que supuestamente la Secretaría del Trabajo realizaba un operativo de inspección en la región carbonífera del país.

La mayoría de los siniestros tuvieron lugar en pocitos que no cumplen con los mínimos de seguridad ni están en la legalidad.

El operativo de 100 días de inspección en esa zona minera, el cual prometieron en su comparecencia ante la Cámara de Diputados los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, debido al accidente del pozo tres de Sabinas, Coahuila, ha resultado insuficiente y descoordinado, y dejó en claro la falta de seriedad y compromiso de dichos funcionarios ante la muerte de los trabajadores y el dolor de sus familiares, aseveró ayer la Familia Pasta de Conchos.

La organización, intregada por familiares de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006 en la unidad Pasta de Conchos, llevó a cabo ayer la misa mensual en recuerdo de los fallecidos, afuera de la sede de Grupo México, en demanda de justicia y de que sean rescatados los cuerpos.

En tanto, desde la región carbonífera de Coahuila emitió un informe en el que señala que el 26 de agosto fallecieron los mineros Ángel González Pineda, Jesús Tobías Hernández, Miguel Hernández Martínez y Mario Alberto Flores Martínez, en la mina cinco La Esmeralda, así como el 5 de septiembre Adrián Gómez de la Rosa, en un pocito ilegal de la zona.

Para la Familia Pasta de Conchos, los secretarios Lozano y Ferrari toleran los pocitos de carbón, contrariamente a lo que dijeron en la comparecencia; sin importarles, operativamente, si son clandestinos, ilegales o irregulares, ya que como deja entrever la Secretaría de Economía, los van a regularizar. Para ellos es suficiente el argumento de que generan empleo. Pero tampoco es así, pues los 72 pocitos inspeccionados generan un promedio de 20 empleos cada uno.

La agrupación demandó que la comisión creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los asuntos mineros llame a cuentas a los responsables de las secretarías del Trabajo y Economía, para saber por qué no han cumplido el punto de acuerdo del 20 de julio pasado: que la Oficina Federal del Trabajo de Sabinas se convierta en delegación federal para minería del carbón, a la cual se asignen recursos financieros para 25 plazas de inspectores, y que en el presupuesto de egresos se etiquete dinero para el rescate de los restos de los mineros atrapados hace 67 meses en Pasta de Conchos.

Del mismo modo, ante la próxima visita del relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, se pronunciaron por una admisión definitiva del recurso interpuesto ante esta instancia sobre el caso.