Ni los gobiernos del PRI ni los del PAN han logrado frenar la corrupción y en la actualidad, tanto a nivel federal como estatal y municipal, hay total impunidad para esa práctica ilícita, que va de la mano con el enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos y el lavado de dinero, producto del narcotráfico, advirtió el senador panista Ricardo García Cervantes.

Expuso que confía en que su iniciativa para crear una fiscalía nacional contra la corrupción y el combate al lavado de dinero, un organismo de Estado, autónomo e independiente, alejado de intereses partidistas y vaivenes electorales pueda dictaminarse en este periodo de sesiones.

La reforma la presentó ante el pleno senatorial el martes pasado y cuenta ya con el respaldo de la mayoría de los legisladores de todas las bancadas.

Es importante, recalcó, que esa reforma al artículo 102 constitucional se apruebe antes de diciembre, en que arreciarán los discursos demagógicos de todos los precandidatos y candidatos, que pondrán como una de sus prioridades combatir la corrupción.

Vicepresidente del Senado, el legislador del PAN dijo que su iniciativa puede corregirse y mejorarse, pero es hora de que los integrantes de esta legislatura a punto de concluir, dejemos un instrumento eficaz para combatir y erradicar la corrupción.

De lo contrario, será otra vez un tema de campaña, que esgrimirán los contendientes en la elección presidencial de 2012, pero después se reservará para la próxima campaña.

García Cervantes detalló que propone crear la fiscalía nacional contra la corrupción y el combate al lavado de dinero, como un órgano especializado, de equilibrio constitucional, sin los limitantes de competencia que son usados ahora como pretexto para no atacar el enriquecimiento ilegal de funcionarios y el blanqueo de recursos provenientes del narcotráfico.

En la actualidad, expuso, todos se echan la bolita, los municipios alegan no tener facultades, los estados quieren que sea la federación la que actúe y la percepción de la sociedad es que nada se hace. No se integran debidamente las averiguaciones previas, no hay consignaciones de jueces y si las llega a haber son pocas las sentencias por enriquecimiento indebido y lavado de dinero, recalcó.

Las cifras oficiales, dijo, hablan de una total impunidad en esas dos prácticas ilícitas. Además, agregó, si, por ejemplo, yo acusara, con pruebas, al gobernador de mi estado, Coahuila, por corrupción, dirán que lo hago porque es del PRI y es mi adversario político.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que la fiscalía anticorrupción contará con autonomía orgánica, funcional y presupuestal y será independiente del poder político. Para combatir la corrupción en los tres niveles y órdenes de gobierno, contará con el apoyo de un Registro Nacional de la Situación Patrimonial de Servidores Públicos, que se habrá de crear también desde el artículo 102 de la Carta Magna.

Este último incluirá los registros de los poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos y al mismo tiempo tendrá acceso la fiscalía sin ninguna restricción. De esta forma, podrá cotejar en todo momento el patrimonio de los funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales jueces magistrados y demás servidores, a fin de que no corrompan la función pública.

Se resalta asimismo que en los sistemas corruptos, a los políticos, empresarios y todos aquellos que cuentan con recursos económicos, como es el crimen organizado, les es fácil comprar la impunidad.