Madrid, 14 de septiembre. La operación de compra de 4.62 por ciento de Repsol por Petróleos Mexicanos (Pemex), hecha público el pasado 2 de septiembre, se realizó a través de derivados financieros, como los llamados contratos de cobertura, que suponen en la práctica que una o varias entidades financieras tomen el control de esas acciones en el mercado, para a su vez prestárselas a la compañía mexicana.

Este método, utilizado de forma habitual por inversionistas para especular con sus acciones o para protegerse de las fluctuaciones del mercado, es precisamente una de las presuntas prácticas fraudulentas que denunciaron ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los pequeños y medianos accionistas, y por la que piden una sanción administrativa contra Pemex. En caso de prosperar la demanda, podría suponer un delito penal por un presunto fraude contra la ley.

A pesar del oscurantismo con que se ha guiado la operación orquestada por la dirección de Pemex en coordinación con el presidente de la constructora española Sacyr, Luis del Rivero, la CNMV informó que había recibido información relevante sobre el caso Repsol a través de una notificación oficial de Pemex, en la que le comunicó que había obtenido a través de su filial PMI Holdings –con sede en el paraíso fiscal de las Antillas holandesas– más de 57 millones de acciones de Repsol, pero no a través de la compra directa en el mercado y a los accionistas, sino a través de las suscripción de un contrato de cobertura, rubricado en este caso con el banco inglés HSBC y los franceses Natixis y Credit Agricole.

La otra entidad financiera involucrada en la operación, Imbursa, del empresario mexicano Carlos Slim, no figura entre los bancos que habrían servido de puente para contratar estos derivados financieros.

Según la versión de los hechos relatada por Pemex y Sacyr, estas dos compañías firmaron una alianza de sindicación de sus acciones con el objetivo de formar en Repsol un grupo con 29.90 por ciento del total de la compañía, lo que sería equivalente a tener prácticamente el poder ejecutivo y asumir el control de la multinacional española, con presencia en más de 30 países.

En ningún caso el 30%

En este acuerdo, divulgado el pasado 29 de agosto, Pemex se comprometió a aumentar su participación en Repsol hasta alcanzar 9.9 por ciento, con el fin de llegar hasta el citado 29.90 pero en ningún caso alcanzar el 30 por ciento, ya que la legislación les obligaría a presentar una oferta pública de adquisición (OPA) y a asumir garantías por 350 mil millones de euros para continuar con la operación (alrededor de 6 billones de pesos).

A pesar de que Pemex tenía hasta 30 días para llevar a cabo la compra de 4.9 por ciento que acordó con Sacyr para elevar su presencia en Repsol, la dirección de la paraestatal mexicana informó sólo cuatro días después del anuncio del pacto, es decir el 2 de septiembre, que ya se había llevado a cabo la compra de 4.62 por ciento de las acciones de Repsol.

Lo que no aclaró el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, fue el valor pagado por cada acción ni los mecanismos financieros adoptados para asumir una operación de tal importancia, que supone una inversión de más de 2 mil millones de euros (34 mil millones de pesos), de los cuales 70 por ciento fueron asumidos a través de créditos que se suman a la deuda de la paraestatal.

Según la información de la CNMV, Pemex compró los derivados de 57 millones de acciones de Repsol, que tienen como fecha de vencimiento septiembre de 2014, con lo que se fija un precio mínimo y máximo para así evitar pérdidas en el caso de que las acciones se hundan o, en su caso, especular con el valor de la acción si ésta aumenta sensiblemente su precio.

Los bancos acreedores tendrían la obligación de respetar el precio pactado con Pemex, incluso si el valor de la acción de Repsol llega a tener un precio de mercado sensiblemente superior al fijado. Es decir que con esta operación Pemex reduce los riesgos ante las turbulencias financieras, y además tiene la capacidad de influir en la evolución bursátil de la compañía al poseer, junto con Sacyr, casi 30 por ciento de las acciones.