Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyeron que las instalaciones del casino Royale no contaban con todas las medidas de seguridad indispensables para casos de incendios, además de considerar que la empresa de juegos y sorteos operaba de manera irregular, pues sus permisos no cumplían con las normas administrativas en materia de juegos y sorteos que supervisan la Secretaría de Gobernación, revelaron fuentes gubernamentales y ministeriales.

Los funcionarios consultados por La Jornada añadieron que este martes la delegación de la PGR en Nuevo León entregará a la Procuraría de Justicia de esa entidad los resultados de los estudios que realizaron peritos de esa dependencia sobre el ataque al casino Royale.

Además, agregaron que es probable que en los próximos días el Ministerio Público Federal ejerza su facultad de atracción de esos hechos, para que sea a escala federal donde se realicen las pesquisas que concluyan con el ejercicio de la acción penal contra los probables responsables, por acción u omisión, de la muerte de 52 personas.

Las fuentes gubernamentales indicaron que las autoridades ministeriales investigan a los autores materiales de los hechos (presuntos sicarios de Los Zetas), pero también se indaga al dueño del establecimiento y a funcionarios federales, estatales y municipales por diversos delitos.

Contra el dueño del casino Royal ya hay abierta una averiguación previa por delitos que van desde delincuencia organizada y lavado de dinero hasta homicidios y lesiones culposas. También se investiga a policías municipales y a funcionarios federales, estatales y municipales por uso indebido de atribuciones y cohecho, reveló un fiscal federal que pidió el anonimato.

De su lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación a fin de revisar los procedimientos para otorgar y actualizar permisos a todas las empresas operadoras de casinos en el país.

En tanto, el Congreso de Nuevo León aprobó este lunes por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora del caso del casino Royale para esclarecer la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno en la autorización, control, instalación, operación, inspección y vigilancia de esta casa de apuestas.

Esta comisión entregará un informe con recomendaciones en un plazo de 30 días, a partir de que sea integrada.

Sobre las hipótesis que se tienen respecto al motivo del ataque al casino, las autoridades ministeriales han fortalecido la idea de que la acción criminal se dio en respuesta a que el dueño del establecimiento, Raúl Rocha Cantú, se negó a pagar el monto de la extorsión hasta de 140 mil dólares que le pidieron los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, aún no ha sido descartada por completo la posibilidad de que el ataque al casino hubiera sido un acto de venganza contra Rocha Cantú, quien, a decir de declaraciones de integrantes de Los Zetas detenidos recientemente por autoridades de Nuevo León, estaría involucrado en actividades de lavado de dinero.

Hasta ahora se sabe que Rocha Cantú, copropietario del casino Royale en Monterrey, se encuentra en Miami.

Rocha Cantú, según información de Notimex, tiene un condominio frente al mar en uno de los sitios más exclusivos de Miami, el distrito de negocios de Brickell.

El pasado martes, según la agencia de noticias mexicana, funcionarios de la PGR acudieron hasta ese sitio para empezar a tomar la declaración de Rocha Cantú sobre los hechos registrados el 25 de agosto en el casino Royale.