Oaxaca, Oax., 12 de septiembre. Durante los pasados años Oaxaca ha enfrentado una violencia extrema, que va más allá de la que padece en la actualidad el país, con el agravante de que es una violencia que proviene esencialmente del Estado, con una garantía de impunidad para quienes directamente la ejercen, aseguró Gustavo Esteva, integrante de la Coordinación del Espacio Ciudadano por la Justicia y la Verdad en esta entidad.

Las agresiones a luchadores sociales coexisten con las que tienen un origen de orden económico, cuyo objetivo se centra en despojar a las comunidades indígenas de sus tierras con fines de explotación, provenientes, entre otras, de compañías mineras, agregó Esteva, quien refiere que se han vendido 800 mil hectáreas en concesiones a diferentes empresas, con la pretensión de arrebatárselas a los indígenas, pero eso no se va a permitir por parte de las organizaciones.

Sobre la situación que prevalece en Oaxaca, en el contexto del paso de la Caravana por la Paz, Esteva señaló que la entidad ha padecido una descomposición política, ligada al tema de seguridad en los 15 años recientes, agravada con el “tirano sicópata de Ulises Ruiz. Oaxaca está atrapada en la violencia ejercida por el Estado.

Podemos decir que es una represión sistemática, una estrategia de intimidación de la gente, de control de la voluntad, de dominación. En la entidad, policía, político o criminal son términos intercambiables, indicó.

–¿Represión?

–No es sólo represión, es algo más –responde Esteva, para denunciar la colusión del Estado con la criminalidad.

Ejemplo claro de esta coexistencia es el asesinato de la defensora de derechos humanos Bety Cariño en San Juan Copala, a cargo de paramilitares financiados por el Estado, en una caravana de ayuda humanitaria. Tiempo después hubo otra caravana a la localidad, en la que participaba la procuradora, que tampoco pudo llegar a Copala, bajo el argumento de que estaban los paramilitares, los mismos que eran financiados por el propio Estado. Eso es Oaxaca. Es difícil distinguir entre lo que es la criminalidad y la institucionalidad.

–¿Hay una impunidad en otro sentido al que se registra a escala nacional?

–Aquí hay colusión entre criminales y el Estado. Uno puede referirse a los criminales y los policías y son la misma persona. Hoy la diferencia es que en Oaxaca le hemos perdido miedo al miedo. En miles de comunidades no ha podido prosperar la violencia que permea en otras entidades, por la fuerza del tejido social, de la organización comunitaria, es ahí donde está la solución.”

La violencia del Estado, subrayó, tuvo su expresión más emblemática el 25 de noviembre de 2006, cuando se actuó en contra del movimiento popular de entonces, con un saldo de muertos y heridos. En realidad fue cuando comenzó esa guerra de Felipe Calderón, porque fue una acción concertada con el gobierno de Ulises Ruiz, que supo presionarlo bajo la lógica que si se permitía la caída de un gobernador, después provendría la de un presidente.

La condición de los indígenas es terrible, y eso ha alentado una fuerte migración que, paradójicamente, es la que permitido recuperar la capacidad de siembra en el campo, porque las remesas sirven para su financiamiento, señaló.