El próximo miércoles la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) analizará las medidas que tomará en contra del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, luego de que el munícipe rechazó la petición de su partido de solicitar una licencia temporal en tanto se desarrollan las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción ligados al casino Royale.

Los gobernadores de Guanajuato y Sonora, Juan Manuel Oliva y Guillermo Padrés, así como el secretario del Trabajo, Javier Lozano, lamentaron la decisión del alcalde regiomontano, pues se trataba de una recomendación del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Incluso, el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, dijo que en el análisis de lo ocurrido, el alcalde Larrazabal podría ser expulsado. No se puede desacatar una instrucción tan clara del Comité Nacional, desde mi punto de vista.

Señaló que una decisión de expulsión la puede resolver el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pues tiene facultades extraordinarias para ello, aunque es un proceso interno que tiene que pasar por el Comisión de Vigilancia.

Los tres destacados panistas, quienes asistieron al arranque de las aspiraciones presidenciales del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, señalaron que la acción de Larrazabal tendrá consecuencias y que deberá enfrentar a los órganos estatutarios del PAN.

El blanquiazul pidió al alcalde regiomontano solicitar una licencia por 30 días naturales en tanto se investigaba a su hermano Jonás y al ex secretario de Desarrollo Municipal, Miguel Ángel García, por presunto actos de corrupción vinculados con los casinos, pero la petición fue desoída.

En Monterrey, la dirigente estatal del PAN, Sandra Pámanes Ortiz, refrendó la postura del CEN, al exhortar al alcalde a que pida licencia temporal, por lo que dijo que a escala estatal el blanquiazul podría deslindarse de la administración regiomontana hasta que se aclare el asunto de presunta corrupción que involucra al hermano del edil, Manuel Jonás, y al secretario de Desarrollo Humano y Social con licencia, Miguel Ángel García Domínguez.

Pámanes lamentó la postura del presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, de permanecer al frente de la alcaldía, y sostuvo que su partido pidió al edil dejar su cargo para dar agilidad y transparencia a las investigaciones. Advirtió que los estatutos son claros en que las instrucciones que vengan de un órgano superior deben ejecutarse y no hacerlo lleva al desacato.

En tanto, el edil Fernando Larrazabal dijo que no siente temor ante una posible expulsión del partido por desacatar el exhorto en el cual le pedían separarse del cargo. La decisión que tome mi partido la habré de respetar, tengo mi conciencia tranquila de que actué conforme a la ley y el gobierno que yo encabezo en todo momento ha actuado apegado a derecho, señaló.

Por su parte, el gobernador priísta, Rodrigo Medina, dijo que la decisión del alcalde de Monterrey no entorpece las investigaciones por los cargos que se imputan a su hermano.

A su vez, el abogado de Jonás Larrazabal, Jesús Martínez García, señaló que la nota periodística y las videograbaciones que dieron origen al escándalo político carecen de valor probatorio ante los tribunales federales, de acuerdo con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.

Martínez García agregó que no hay denuncia contra su cliente y detalló que al día de hoy, luego de 11 días de arraigo, no se ha acreditado ningún delito a mi cliente, ni ninguna conducta delictiva.

Mientras, por tercer domingo consecutivo un grupo de alrededor de 200 ciudadanos de Monterrey protestó frente al palacio de gobierno bajo el lema: Monterrey dice hasta aquí y recabó firmas para solicitar la salida de Rodrigo Medina de la gubernatura del Estado.

Con Información de María Alejandra Arroyo, corresponsal