Nueva York, 10 de septiembre. Lo que empezó con el anuncio de un acuerdo sin precedente para promover una reforma migratoria integral se transformó en redadas de miles de migrantes sospechosos, para concluir con un muro y una frontera militarizada.

Cuando se proclamó la guerra contra el terror, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, los migrantes en Estados Unidos fueron las primeras víctimas. De cierta manera, la guerra contra el terror se volvió también una guerra contra los migrantes.

Días después del 11-S, se realizaron redadas en comunidades musulmanas de ésta y otras ciudades. En Nueva York más de mil fueron detenidos, muchos encarcelados e incomunicados sin que sus familias conocieran su paradero; poco después cientos fueron deportados.

En 2002, los hombres migrantes mayores de 16 años de hasta 19 países del mundo árabe o musulmán fueron obligados a registrarse ante las autoridades estadunidenses. Poco después, todo migrante –primero cualquiera que pareciera árabe y luego casi todos los provenientes del mundo subdesarrollado– se convirtió en un asunto de seguridad interna, y todo extranjero, particularmente si era indocumentado, fue tratado tanto en el discurso oficial como en los debates políticos, como potencial amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Una respuesta política al 11-S fue la creación del llamado Departamento de Seguridad Interna, hoy día la tercera secretaría más grande, y ahora se encuentran las agencias encargadas de seguridad fronteriza y el servicio de inmigración, ya como parte del aparato de seguridad interna.

Curiosamente, todo esto fue precedido por casi lo opuesto: pocos días antes del 11-S, el aún nuevo gobierno de George W. Bush estaba al borde de promover una amplia reforma migratoria, como resultado de la primera negociación bilateral con el gobierno de México. El acuerdo para elaborar la propuesta fue anunciado de manera conjunta por Bush y Vicente Fox en Washington el 7 de septiembre. Unas 72 horas después, el 11-S anuló todo eso instantáneamente.

En lugar de una reforma y un mecanismo para sacar de las sombras a unos 12 millones de indocumentados, mexicanos y otros latinoamericanos serían sujetos durante los siguientes años a redadas masivas y deportaciones sin precedente, mientras que decenas de estados impulsaron una serie de medidas antimigrantes alimentando una de las olas de racismo y hostigamiento más feroces de la historia.

La frontera con México –mucho más que la canadiense, desde donde por cierto cruzaron varias personas que sí estaban involucradas en actividades de terrorismo– se percibió como un flanco vulnerable ante la nueva óptica de seguridad. Por ello se impulsó, primero con Bush y luego con Barack Obama, la prioridad de crear una frontera segura. De ahí se inició la construcción de un muro físico de cientos de kilómetros, un otro virtual con nueva tecnología de vigilancia, se duplicó el tamaño de la Patrulla Fronteriza y multiplicó la presencia de otras agencias de seguridad, además se desplegaron tropas de la Guardia Nacional para apoyar estos esfuerzos.

“Los secuestradores del 11-S ingresaron al país con visas legales –un hecho que de inmediato vinculó la migración con el terrorismo y la seguridad nacional–. Como resultado de esto, la estructura de la burocracia federal y las políticas de migración en las fronteras y al interior de Estados Unidos han sido dramáticamente realineadas, y el debate sobre el tema, en Washington y más allá, ahora es percibido casi totalmente a través del prisma de seguridad nacional y cumplimiento de ley de migración”, afirman los expertos Michelle Mittelstadt, Burke Speaker, la ex comisionada de migración Doris Meissner y Muzzaffar Chisti, todos del Migration Policy Institute (MPI), en un informe, en el cuual evalúan el impacto del 11-S sobre la política migratoria (www.migrationpolicy-.org/pubs/FS23_Post-9-11policy.pdf).

El Tributo en luz se encendió por la noche en la llamada zona ceroFoto Ap

Hay más detenciones de migrantes para expulsarlos que nunca (en el año fiscal 2002 había 165 mil 168 detenciones, para 2012 esta cifra anual había llegado a 363 mil 64 –un aumento de 134 por ciento), mayor enfoque en aspectos de inteligencia y seguridad nacional en el manejo de migración, junto con enormes incrementos en los recursos federales para asegurar las fronteras.

Una década después del 11-S imperan las divisiones sobre el tema entre el público estadunidense. En un informe y sondeo realizado por el Public Religion Research Institute y Brookings Institution, se concluyó que aunque una mayoría considera a los migrantes como gente trabajadora con firmes valores familiares, hay división sobre si el influjo de extranjeros fortalece o no a Estados Unidos. Estas opiniones están polarizadas también: una mayoría de republicanos (55 por ciento) y quienes simpatizan con el movimiento ultraconservador Tea Party (56 por ciento) dicen que los nuevos migrantes amenazan las costumbres y valores estadunidenses, mientras que 62 por ciento de demócratas y 56 por ciento de independientes dicen que los migrantes fortalecen a la sociedad de este país.

También hay opiniones aparentemente contradictorias: 56 por ciento favorece permitir que los indocumentados procedan hacia la legalización y a la vez, otro 51 por ciento apoya la deportación de todo indocumentado. Pero una mayoría más amplia, 62 por ciento apoya un camino hacia la legalización y no deportación con la condición de que se aseguren las fronteras.

Tanto promotores como opositores de una reforma migratoria en Washington –algo no compartido por todas las agrupaciones de migrantes ni sus defensores fuera de la capital– parecen coincidir sobre la condición de una frontera segura, con diferencias sobre lo que eso implica, o si tiene que hacerse antes y de manera conjunta con la legalización y otros aspectos de una reforma integral.

Obama y sus aliados en el Congreso han aceptado esa condición, y argumentan que ha mejorado de manera sin precedente la seguridad en la frontera. Sus opositores afirman que no se ha logrado el objetivo.

Los principales precandidatos presidenciales republicanos reiteran lo de la frontera segura como condición. Una vez que aseguremos la frontera, podemos tener una conversación sobre una reforma migratoria en este país, pero no antes, dijo el gobernador Rick Perry a los medios de información, reportó el Washington Post. Mitt Romney afirmó algo muy parecido. La favorita del Tea Party, Michelle Bachmann, fue aún más extrema, reflejando el sentimiento antimigrante de sus bases conservadoras. Prometiendo construir un muro a lo largo de cada pulgada de la frontera del sur, denunció las amenazas que provienen de ahí: “En la frontera sur, estamos enfrentando un Estado narcoterrorista hoy día en México…. Estamos viendo criminales, delincuentes, drogas y enfermedades contagiosas entrando a nuestro país”.

El presidente Barack Obama insiste en que se debe impulsar una reforma migratoria ahora, en paralelo con los esfuerzos de su gobierno de intensificar, según él, a niveles sin precedente, la seguridad de la frontera y el control de migrantes dentro del país. De hecho, su gobierno ha deportado a casi un millón de migrantes en dos años, mucho más que su antecesor.