De 2010 a la fecha la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica del Distrito Federal ha revocado la patente a tres notarios (79, 81 y 189) y recibió la renuncia de uno más (el 20), en contra de quienes se han iniciado 55 averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) por los fraudes cometidos en perjuicio de personas físicas y morales que solicitaron sus servicios.

Además, la consejería está dando seguimiento a 40 quejas presentadas por ciudadanos contra los notarios 26, 208, 127 y 85.

El año pasado se le quitó la patente a los notarios 79, Gilberto Manuel Miranda Pérez, y a la 81, María Guadalupe Ordóñez y Chávez, quienes habían acumulado 41 y 34 quejas, respectivamente, de éstas quedan por resolver 27 y 19.

Al dar seguimiento a las denuncias presentadas contra Miranda Pérez, la Consejería Jurídica detectó que en la notaría 79, ubicada en la colonia Del Valle, despachaba Gilberto Miranda Guzmán, hijo del notario, quien, a nombre de su padre, tramitó desde 2004 una operación de compra venta de un bien inmueble por el cual cobró 75 mil pesos por concepto de escrituración, la cual nunca entregó.

Además se comprobó la existencia de tres instrumentos notariales con el mismo número, volumen y folios utilizados, para igual número de operaciones.

En marzo de 2011 se revocó la patente al notario 189, Luis Enrique Torres y Ortiz, quien acumuló 24 quejas, de las cuales 14 están concluidas.

Y el caso más reciente, el notario 20, Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, quien al saber que era investigado renunció a la patente el primero de mayo.

Del Valle Prieto Ortega podría haber cometido el fraude notarial más grande del que se tenga conocimiento en la ciudad de México.

La consejera jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo estimó que el ex notario 20 pudo haber obtenido ganancias por más de 10 millones de pesos.

Para apoyar a las personas afectadas por estos notarios, la Consejería Jurídica emitió una resolución mediante la cual podrán concluir los trámites legales que habían iniciado.

La consejera explicó, que con este acuerdo que entró en vigor el pasado jueves, se busca minimizar las afectaciones ocasionadas por los ex notarios y que las personas puedan concluir sus trámites notariales con los que pueden consolidar su patrimonio.

De acuerdo con la resolución emitida los afectados no pagarán a los fedatarios públicos por la conclusión de los trámites notariales que se encuentren pendientes en las citadas notarías, ni por la expedición de testimonios o copias certificadas.

El impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos correspondientes serán pagados por los ex titulares de las notarías 79, 81, 189 y 20, ya que ellos no realizaron el trámite ante las autoridades fiscales pese a haber recibido el dinero de los ciudadanos.