La expedición de la cédula de identidad es constitucional, por lo que el Registro Nacional de Población tiene facultades plenas para emitir el documento que incluye la toma de biométricos (imagen del rostro, iris y huellas de los dedos de las manos), determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados contra el Ejecutivo federal acerca del Reglamento de la Ley General de Población.

De esta manera, la expedición de la cédula se mantendrá en los mismos términos, pese a que la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, denunció que la toma de datos biométricos es invasiva y que solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación, en junio pasado, eliminar la toma de eso datos por considerarla excesiva.

Hasta la fecha, la dependencia que encabeza Francisco Blake no ha emitido postura alguna sobre la demanda de la titular del Ifai.

Además, debido a que el Congreso y el Instituto Federal Electoral se opusieron a que esta cédula se emitiera antes de las elecciones de 2012, por las implicaciones electorales y de seguridad de la medida, el gobierno federal comenzó el registro sólo para menores de 18 años y residentes en el extranjero.

Ayer, por unanimidad, los cinco ministros de la primera sala sobreseyeron la demanda que presentó el entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, en marzo pasado, en la que alegaba que el Ejecutivo federal invadió la esfera de competencia del Congreso al emitir el citado reglamento.

Ni siquiera analizaron el fondo de la controversia constitucional, porque la demanda de los legisladores estuvo mal planteada jurídicamente desde un inicio lo que provocó que finalmente fuera desechada. Los ministros se quedaron sin debatir este asunto, debido a un error de procedimiento de la propia Cámara de Diputados.