La Paz, BCS, 7 de septiembre. Los proyectos turísticos autorizados en las costas de Baja California Sur por el gobierno federal de 2000 a la fecha son especulativos, tienen vicios de legalidad y son depredadores del medio ambiente, consideró el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

El coordinador de la organización no gubernamental en la región noroeste, Agustín Bravo Gaxiola, dijo tener documentados 16 casos de proyectos en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Mulegé, cuyos promotores ofrecieron aplicar en conjunto 18 mil 584 millones de dólares y no llevan ni 30 por ciento de avance porque no tienen solvencia económica.

Explicó que los proyectos abarcan más de 100 hectáreas, en las que se autorizó erigir hoteles, tiempos compartidos, casas para extranjeros de alto poder adquisitivo, marinas, campos de golf y plantas desaladoras, y la mayoría funcionan con régimen de condominio, pero las obras están detenidas o a medias por falta de capital.

El activista indicó que los frustrados proyectos se iniciaron con la compra de tierras ejidales o privadas a bajo costo; después las empresas consiguieron permisos, construyeron infraestructura básica y vendieron sus lotes a precios muy altos.

Inviabilidad financiera

Bravo Gaxiola afirmó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tiene conocimiento de lo que pasa con sus autorizaciones ni de cuál es el efecto acumulativo de ellas, por lo cual las evaluaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo se han convertido en meros trámites.

Agustín Bravo admitió que la crisis económica internacional podría haber frenado el avance de los proyectos turísticos autorizados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, lo que también demuestra la fragilidad financiera de los proyectos, cuyos promotores deberían tener capacidad económica antes de ofrecer públicamente sus productos e involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno con el otorgamiento de permisos.

Señaló que además de estos vicios legales existe tráfico de influencias entre desarrolladores y autoridades, y los casos de Puerto Los Cabos y Cabo Cortés son el mejor ejemplo de ello.

Sostuvo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) conoce los pormenores de los nexos que hubo entre funcionarios de ese organismo y de la Secretaría de la Reforma Agraria para despojar a un grupo de posesionarios de la comunidad La Playita, en el municipio de Los Cabos, y dejar los terrenos en manos de Eduardo Sánchez Navarro, mientras Fonatur terminó en números rojos.

En el caso de los desarrollos en Cabo Cortés, mencionó que el tráfico de influencias involucra a unas 30 autoridades federales de la Semarnat y de la Secretaría de Economía. Además sus promotores tienen problemas financieros en España.

Bravo Gaxiola afirmó que, según la Semarnat, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al igual que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción se incrementó en las zonas costeras de México, lo que revela el modelo depredador alentado por las autoridades y el fracaso de la política de gestión ambiental.