Al reunirse con miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezados por el rector José Narro, quienes formalizaron la propuesta de un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón sostuvo su disposición a discutir, pero bajo la premisa del carácter irrenunciable y no opcional del combate al crimen como deber del Estado.

En esa reunión, sin explicitarlo, el mandatario dejó entrever su rechazo a la propuesta universitaria: Soy partidario de hacer acuerdos, pero tenemos uno muy bueno (el Acuerdo Nacional por la Seguridad) y en lo que hemos fallado es en hacerlo cumplir.

Una semana después de la fecha originalmente planteada –pospuesta por el atentado en el casino Royale–, Calderón discutió en el alcázar de Chapultepec la propuesta de la UNAM en materia de seguridad, defendió su política de prevención, la estrategia gubernamental y el respeto a los derechos humanos, sobre los cuales, subrayó, ha habido una ampliación y no retracción en este sexenio, pues el combate a la delincuencia se ha dado sobre la base del respeto a las garantías.

Ha habido mucha gente, unos de buena fe, otros quién sabe en qué fe, que insisten en que el Presidente debería hacer uso de las facultades del 28 (constitucional) y declarar suspensión de garantías en lugares determinados. Yo me he resistido a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir a los criminales, por muy perversos que sean, con plenitud de derechos, con plenitud des garantías. ¿Cuesta más trabajo? Sí, pero creo que si dejáramos entrar estas desviaciones o distracciones de la vida democrática, le metemos un gran riesgo al país.

Poco antes, Narro había realizado un apretado resumen de los Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, elaborados por expertos y auspiciados por la UNAM, entre los cuales destaca el replanteamiento de la estrategia y el repliegue del Ejército para que retome sus funciones naturales, tema que fue obviado por Calderón en su momento.

De igual forma, tras destacar que el documento no trata de señalar responsables, sino de enfatizar propuestas, el rector Narro subrayó la necesidad de erradicar la impunidad y corrupción que prevalecen como ejes centrales en la inseguridad.

Al exponer el diagnóstico, Narro Robles destacó la desatención en la prevención del delito, el ejercicio de prácticas institucionales distantes del marco constitucional, así como la desvinculación de políticas e instituciones. Más adelante expuso que hay una carencia de visión integral y coordinada en la estrategia, al tiempo que existe subordinación de las políticas públicas a interesas políticos particulares.

Todo ello antes de destacar la importancia que para la UNAM tiene la celebración de un pacto político y social que favoreciera el replanteamiento por la vía de generar consensos para dar un giro a las estrategias de seguridad y centrarlas en el combate a la impunidad, la preservación de la integridad personal y la defensa de los derechos humanos.

En su turno, Calderón destacó la importancia de los aportes de la UNAM. Luego de haberla leído con atención, yo dije, aquí está la carnita, aquí está concreto. Yo creo que, más que un giro estratégico, son los objetivos que todos queremos. ¡Qué más quisiéramos que reducir las muertes! El asunto es de los cómos. Cuando hablamos de girar la estrategia para acá o para allá, creo que vamos buscando lo más concreto posible.

En su intervención inicial el Presidente fue enfático en discutir todos los temas, a excepción del carácter no opcional de la función del Estado relativa a combatir al crimen. Es un imperativo categórico en el plano constitucional y en el ético; constituye el deber ser del Estado, señaló. Posteriormente dijo que haya acuerdo nuevo o no, sí debe existir una política de Estado que trascienda gobiernos e ideologías.

Refutó la crítica universitaria a la falta de énfasis en las políticas preventivas: Categóricamente se afirma, la prevención se ha desatendido, y la verdad no es así, dijo antes de ofrecer las cifras de su política social.

En respuesta a la petición universitaria de discutir el enfoque prohibicionista de las drogas, el mandatario insistió en su postura de que hacerlo en México sin que en Estados Unidos se despenalice no tendría ningún efecto positivo. Sin embargo, sugirió que la UNAM organice el foro de discusión al respecto y planteó crear grupos de trabajo para discutir los temas de seguridad.

Calderón se refirió también a las sanciones que se han impuesto a militares y policías que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, y hay muchos, hay decenas ya de elementos de fuerzas federales que están purgando proceso. Es duro para ellos, pero es el camino que tenemos que seguir, pues no hay esta idea de ignorar los derechos humanos.

Tras subrayar que hay muchas coincidencias con el documento de la UNAM, el Presidente reconoció insuficiencias en el combate al lavado de dinero, y asumió que no se ha podido impulsar una equiparable capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas a escala estatal y municipal, bajo el supuesto de que existe gran debilidad en estas últimas, por la falta de recursos.