La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó preocupación por los huecos en la Ley de Migración aprobada recientemente –los cuales no podrán ser subsanados en el reglamento– en lo referente al trato que recibirán los menores extranjeros que transitan por territorio nacional, en particular los que viajan sin compañía.

Alma Meneses, integrante de la organización, explicó –en entrevista con La Jornada– que no hay políticas públicas que atiendan a los menores que abandonan su tierra en busca de mejores oportunidades, ya que hasta el momento dicho tema ha sido monopolizado por las necesidades y los problemas de los adultos.

Los menores que migran sin compañía familiar están aún más expuestos que quienes viajan con algún pariente y por desgracia la nueva Ley de Migración no contempla de forma integral este fenómeno, sino que se limita a proponer que los niños sean enviados a las casas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia para después ser deportados, sostuvo Meneses.

Esa medida tiene cierto grado de inconstitucionalidad, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede asumir la tutela de los niños. Además no se señala cómo se les va a dar seguimiento dentro del sistema, en qué instituciones van a estar y se les quita la posibilidad de seguir con su proceso en libertad, lamentó Meneses.

De acuerdo con el boletín estadístico del INM, cerca de 4 mil 700 menores –la mayoría guatemaltecos y hondureños– fueron deportados en 2010 a sus países de origen. Para ellos, hay una serie de derechos garantizados, pero sólo de forma enunciativa y no real, advirtió la especialista de la Redim.

Dichos huecos no pueden subsanarse en el reglamento de la ley, que debe estar listo y publicado el 21 de noviembre como fecha límite, porque el enfoque mismo del menor en la legislación mexicana confiere a éste un papel pasivo y lo considera un objeto que hay que proteger, en vez de un sujeto de derechos.

Para tratar de resolver estas carencias legales, asociaciones de defensa infantil promueven la elaboración de un reglamento adecuado y, al mismo tiempo, buscan reformar la ley desde sus cimientos, además de exigir políticas públicas que den atención a esos menores migrantes.