La Secretaría de Gobernación (SG) reconoció que existen al menos 60 establecimientos de juegos y sorteos que operan de manera irregular, esto es, sin permiso reconocido por la autoridad federal, con documentos cuya autenticidad está en litigio o con argucias como que su giro es distinto al que regula la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Ayer, el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, ofreció una conferencia de prensa para presentar un panorama sobre la situación general que guardan los permisos para el funcionamiento de casas de juego, destreza y habilidad. Dio los datos sobre el número de permisos otorgados en cada sexenio, a partir de 1953, y de entrada resaltó que en el gobierno calderonista únicamente se liberó uno de los 27 permisos vigentes y eso porque así lo ordenó una autoridad jurisdiccional.

Aseguró que al amparo de esos 27 permisos pueden operar 561 establecimientos, previo aviso de apertura a la autoridad estatal y/o municipal que han presentado 306 casas de juegos. Significa, abundó, que hay espacio para que abran 255 negocios, siempre que obtengan el visto bueno de las autoridades locales. El funcionario enfatizó que el permiso otorgado por Gobernación no obliga a los alcaldes a permitir la instalación del establecimiento.

Las cifras contrastan con los datos proporcionados por diferentes fuentes, como el ex diputado del Partido de la Revolución Democrática Arturo Nahle, quien en 2005 recibió información de la misma dependencia respecto de que los permisos otorgados por el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, permitieron la apertura de 450 salas de juegos en todo el país. Así, en el sexenio foxista, estos negocios superaron el millar.

En su exposición, el subsecretario Gutiérrez señaló que 237 casinos son manejados por los permisionarios y otros 69 estarían bajo el control de otros operadores también autorizados por Gobernación, como aparentemente es el caso del casino Royale, de Monterrey, donde el pasado jueves murieron 52 personas.

El funcionario agregó que la investigación sobre los dueños del establecimiento aún no concluye, pues aunque el aviso de apertura data de 2007, también existen contratos posteriores con otras empresas que se hicieron cargo del casino.

Luego de asegurar que entre 1988 y 1994 se otorgó 52 por ciento de los permisos vigentes, Gutiérrez desglosó la información con el número de casas de juego y apuestas que se abrieron en cada sexenio, a partir de 1970, aunque en general y sin precisar el número que corresponde a cada concesionario.

Así, comentó que en el periodo de 1970 a 1976 abrieron 26 de estos negocios; entre 1976 y 1982 fueron siete; de 1998 a 1994, 231; de 1994 a 2000 se autorizaron 83; de 2000 a 2006 abrieron 183, y el permiso concedido en la actual administración tiene autorizados 35 establecimientos, pero ninguno está funcionando, dijo.

También mencionó que del total de permisos, 24 tienen una vigencia de 25 años; uno, el de Comercial de Juegos de la Frontera, es ilimitado, igual que el del Frontón México, mientras que el del Hipódromo Agua Caliente durará 25 años, pero no tiene limitaciones en cuanto al número de casinos que puede abrir.

En cuanto a los centros de juegos que funcionan de manera irregular, Gutiérrez señaló que a éstos (unos 60) se debe que los alcaldes o algunos gobernadores o actores políticos que están muy pendientes de este tema, digan que no son tales los números, sino que hay más de los que se dice. En todos los casos, Gobernación lleva a cabo litigios para poder cerrarlos.

Más adelante, explicó que la Dirección de Juegos y Sorteos cuenta con 44 inspectores, y que en el periodo de septiembre de 2010 a junio de 2011 se realizaron más de 4 mil visitas de verificación, de las cuales 73 fueron a centros de apuestas remotas, salas de sorteos (casinos, bingos), así como hipódromos y galgódromos. Por otra parte, la secretaría emitió un comunicado en el que su titular, José Francisco Blake Mora, aseguró que el combate a la ilegalidad se da sin distinción de ámbitos públicos y privados, orden de gobierno o personaje alguno.

Sin referirse de manera explícita a la información difundida ayer sobre los supuestos pagos que recibía de parte de casas de apuestas Jonás Larrazabal, hermano del alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazabal, Blake Mora indicó que el gobierno federal fomenta la cultura de la legalidad entre todos los sectores y ámbitos de la vida nacional y, principalmente, la que debe prevalecer en la actuación de las instituciones democráticas.