Chilpancingo, Gro., 31 de agosto. Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio de energía eléctrica a 40 comunidades de los municipios de Quechultenango, Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Cochoapa el Grande y San Luis Acatlán, debido a que los pueblos se negaron a pagar las altas tarifas.

Bruno Plácido Valerio, de la dirigencia de la Unión, anunció que debido a esta situación el 7 de septiembre partirán a la ciudad de México indígenas de 657 comunidades de la zona costa-montaña y de otros municipios de la entidad para demandar al presidente Felipe Calderón y al Congreso que intervengan para que se defina en Guerrero una tarifa única y se termine con los cobros excesivos de la CFE.

Marchan en Cuernavaca

Más de mil personas marcharon por las principales calles de Cuernavaca para rechazar las altas tarifas que les cobra la CFE y se manifestaron a favor de crear una comisión reguladora de tarifas.

Los manifestantes estuvieron encabezados por el diputado federal Jaime Vélez Sánchez, quien mediante el movimiento nacional Un millón de protestas, una gran solución, ha prometido presentar ante la Cámara de Diputados una propuesta para crear la comisión nacional reguladora de las tarifas eléctricas para acabar con los altos cobros de la CFE.

En la movilización también participaron los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento Ciudadano de Cuernavaca, comerciantes del mercado central y otros.

Piden comparecencia de Vivanco

Senadores del PRI y del PRD advirtieron que se debe citar a comparecer al director de la CFE, Antonio Vivanco, a fin de que explique los cobros irracionales e indebidos contra usuarios. El senador priísta Carlos Jiménez Macías destacó que no se debe olvidar que este problema ya fue tema en la Comisión Permanente, se le hicieron varios exhortos al titular de la CFE para que resolviera la situación, pero en lugar de ello ha empeorado.

Jiménez Macías aseveró: es inadmisible que se hagan estos cobros a los usuarios, no se justifican. Los legisladores ya nos pronunciamos contra ese tipo de abusos y excesos en el cobro de las tarifas. No podemos aceptarlo porque eso significa un costo mayor para los usuarios; es criminal e inadmisible.