Organismos defensores de derechos humanos y destacados activistas mexicanos han unido sus voces contra la llamada ley Alabama (HB56), y ayer expresaron su solidaridad con los esfuerzos de los organismos pro garantías civiles y con el movimiento de migrantes de Estados Unidos, gracias a los cuales este lunes se logró un amparo inicial para frenar su entrada en vigor, anunciada originalmente para mañana.

Asimismo, consideraron un triunfo histórico la detención de esa norma, cuyos efectos resentirían sobre todo mexicanos y guatemaltecos (la mayoría de estos últimos mayas), quienes representan la principal fuerza laboral en la industria de los rastros y plantas procesadoras de pollo en empresas como Tyson Foods y Pilgrim’s Pride, en las cuales se les somete a condiciones de explotación y peligro, sin la protección de sindicatos que los defiendan.

En un comunicado firmado por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y los sacerdotes Miguel Concha (Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria), Alejandro Solalinde (Pastoral de la Movilidad Humana región Pacífico-Sur, Oaxaca), Pedro Pantoja (Belén, Posada del Migrante, Saltillo) y José Rosario Marroquín, del Centro DH, así como por Miguel Álvarez Gándara y Dolores González Saravia, de Serapaz y el cura Martín Hernández Linares, de Sicsal-México, entre otros, se ubica la HB56 como un legado jurídico, político y social de los peores elementos de la segregación racial característica de Alabama y de esa región del sur de Estados Unidos.

Con esa norma –añade el documento– se emulan también “varios de los peores aspectos de la Ley SB 1070 de Arizona, al querer criminalizar a todas las personas ‘sospechosas’ de ser indocumentadas y a quienes se solidaricen, convivan, alberguen, transporten o celebren contratos con ellas”.

Censura además las pretensiones de interferir en el ejercicio del derecho constitucional de libre acceso a la educación pública para los niños indocumentados reconocido en 1982 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La lucha en Alabama contra esta ley, que apenas está en su primera fase, se inscribe en un proceso de resistencia contra leyes semejantes en estados como Arizona, Georgia, Utah, Indiana, Carolina del Sur, Texas, Florida y otros –anticipan los firmantes del comunicado–, y tarde o temprano terminará ante la Corte Suprema.

Resaltan que el Estado mexicano carece de la autoridad moral necesaria para defender los intereses de los connacionales en el contexto de esas iniciativas xenófobas, y reiteran su compromiso de apoyo y solidaridad para frenar y resistir desde México y Guatemala la Ley HB56, así como incluir esta norma como caso emblemático dentro del marco del Tribunal Internacional de Conciencia y del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Acompañan también este pronunciamiento Ana Lorena Delgadillo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho), Centro de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan, Guerrero, y José Jacques Medina (caravana Paso a Paso por la Paz, Red Migrante), entre otros.