La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) convino en que se sancione a los responsables si llega a comprobarse la falsificación de documentos oficiales para contratar deuda, como asegura la Secretaría de Hacienda en la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), aunque el tricolor sigue considerando que se trata de acciones con un claro tinte político para tratar de frenar el avance del PRI para regresar a la Presidencia de la República.

De acuerdo con fuentes de la PGR está en proceso la verificación de los documentos presuntamente falsificados, por lo que, dijeron los priístas, esperarán los resultados para emitir un juicio.

En el enfrentamiento, el gobierno federal acusó al dirigente nacional del PRI de endeudar de manera desproporcionada a Coahuila.

De acuerdo con la dirigencia del blanquiazul, Moreira recibió la entidad con una deuda de 320 millones y en menos de cinco años incrementó la misma a 33 mil 867 millones de pesos a pagar en 30 años.

No se trata del primer señalamiento en contra de gobiernos priístas. También la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) denunció el desvió de 27 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) de la ciudad de Aguascalientes, que, aseguran, fueron utilizados para la compra de estambres, listones y despensas durante la pasada administración municipal, por lo que los del tricolor insisten en que se trata de actos que pretenden incidir en en la elección presidencial del año próximo.

Respecto del adeudo de Coahuila, el propio titular de Hacienda, Ernesto Cordero, informó que la dependencia a su cargo presentó una denuncia penal ante la PGR, por la contratación irregular de deuda que realizó el gobierno de aquella entidad durante la gestión de Humberto Moreira y negó que se tratara de guerra sucia en contra del PRI y su dirigente nacional.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno federal no endrogó al gobierno de Coahuila, ni tampoco sugirió que se incurriera en irregularidades a la hora de contratar créditos. En tanto que los priístas destacan que la contratación de deuda tiene que estar avalada por el Congreso local y en algunos casos hasta por la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, el debate derivó al área judicial con la presentación de la denuncia en la que se asegura que se falsificó el Diario Oficial de la Federación para engañar a las autoridades en torno a la deuda del estado de Coahuila y se advirtió que habrá más denuncias una vez que se determine qué parte con la deuda fue contratada de manera irregular ante las instituciones del sistema bancario.