La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclinará por la constitucionalidad del precio único del libro.

De acuerdo con la discusión sobre la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que desarrolló ayer el pleno de ministros, en la que con mayoría de siete votos a cuatro el pleno determinó que la citada norma no viola las garantías constitucionales de libre comercio ni de igualdad, se espera que en la sesión de este martes la Corte niegue el amparo a la empresa Costco en contra de la citada legislación, que fue promulgada en 2008.

En la sesión de ayer, Sergio Aguirre Anguiano consideró que aun cuando me parece un fin elevadísimo hacer que los mexicanos seamos lectores, la ley es inconstitucional, porque afecta y constituye un acto de molestia para los comerciantes de libros, que no pueden variar el precio que les señale el editor o el importador los primeros 18 meses en que el producto salga a la venta.

Aguirre antepuso el derecho de los comerciantes a obtener ganancias por encima del objetivo de la ley de crear todo un sistema que facilite el acceso equitativo al libro.

Simplemente dijo que hay una afectación al derecho del comerciante, y esto me preocupa mucho, me preocupan dos cosas: la primera, que por mejores que han sido las intenciones, las que yo de veras aplaudo y anhelo que se den, esta ley no puede cumplir (fomentar la lectura) con ésta estructura y con esa función; y segundo, que los comerciantes también tienen derechos constitucionales garantizados. Guillermo I. Ortiz Mayagoita, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar se sumaron a este criterio.

En cambio, en su proyecto, Sánchez Cordero sostuvo que la constitución establece limitaciones al comercio y que, en el caso concreto de ésta legislación, el Congreso tuvo el propósito de facilitar el acceso equitativo al libro, garantizando un mismo precio de venta en todo el territorio nacional con el objeto de incentivar la creación de librerías en aras de promover la lectura, lo cual demuestra que la medida responde a la necesidad de proteger el interés público.

Lo anterior porque, subrayó la ministra, de invalidarse el precio único, se propicia la concentración en pocos puntos de venta y la reducción de títulos disponibles en el mercado, lo cual atenta contra la diversidad cultural y limita seriamente las opciones del lector.

Se espera que en la sesión de este martes el pleno discuta si el derecho a la libre concurrencia se contrapone con los derechos a la educación y a la cultura que prevén diversos artículos de la Carta Magna.

Esto, a la luz de la reciente reforma al artículo primero constitucional que obliga a todas las autoridades a anteponer la protección a los derechos humanos a otras consideraciones.