n momentos en que sólo la organización puede parar los megaproyectos gubernamentales y de la iniciativa privada en territorios indígenas, la tribu yaqui de Sonora anunció que hará valer la ley y el estado de derecho y se constituirá en fuerza civil para detener y desmantelar las obras del acueducto Independencia, obra con la que se pretende llevar el agua de El Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río yaqui, que incluye las presas La Angostura y El Oviachic.

El proyecto no sólo despojará de agua el territorio yaqui, sino a la población de siete municipios de Sonora, razón por la cual la sociedad civil, conformada por comerciantes y vecinos, se ha unido a la resistencia, llamando a la desobediencia civil pacífica para impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente.

No vamos a permitir que se cometan más injusticias contra nuestro pueblo. Haremos valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos, afirmaron este 25 de agosto las autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam y Potam, primera y segunda cabeceras de la tribu yaqui.

De acuerdo con información oficial, el año pasado compitieron siete empresas nacionales y extranjeras para adjudicarse la construcción del acueducto que se llevará el agua a Hermosillo, capital del estado. En su oportunidad, el gobernador Guillermo Padrés Elías anunció que la inversión de la obra será de 3 mil 860 millones de pesos y tendrá una longitud de 152 kilómetros. El gobernador anunció también el inicio de las operaciones para el verano de 2012, momento a partir del cual se “abastecerá de 75 millones de metros cúbicos de agua a Hermosillo.

Lo que no contemplan los gobiernos federal y estatal es el impacto ambiental del acueducto, que, a decir de los yaquis, barrerá con la fauna y flora silvestre de la región, además de que las comunidades indígenas se quedarán sin el líquido, pues se localizan debajo de la cuenca donde se levantará el acueducto.

El proyecto, señalan, viola una serie de disposiciones judiciales, como las medidas cautelares precautorias otorgadas por un tribunal agrario a la tribu yaqui en favor de la demanda de restitución de aguas y un amparo interpuesto por los agricultores del valle del Yaqui contra la licitación del acueducto, que ordena parar las obras.

La respuesta gubernamental, hasta el momento, es: Nada ni nadie detendrá la construcción del acueducto Independencia. Pero, afirman los yaquis, aún no se dice la última palabra.

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