En las próximas semanas, el doctor Juan Pablo Mendizábal podría ser separado definitivamente de su cargo como forense en la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), como represalia por haber sostenido un fallo que el propio presidente Felipe Calderón trató de desmentir: la indígena nahua Ernestina Ascencio fue violada y asesinada, y no murió por una supuesta gastritis mal atendida.

En entrevista telefónica con La Jornada, el médico detalló los actos de intimidación e intentos de soborno que ha tenido que soportar desde hace más de cuatro años por defender su dictamen, lo que podría desembocar en la pérdida de su trabajo, asunto que un juzgado de distrito de Boca del Río está por resolver próximamente.

Como se informó en su momento, la anciana indígena Ernestina Rosario Ascencio, de 73 años de edad, fue encontrada moribunda el 26 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalcingo de Soledad, en la sierra de Zongolica, pero antes de fallecer responsabilizó de su muerte a elementos del Ejército mexicano, a quienes también acusó de haberla atacado sexualmente.

Se nos solicitó como médicos forenses que realizáramos la autopsia, en donde determinamos que efectivamente las causas de la muerte fueron violentas. Se comprobó que había un traumatismo cráneo-encefálico y que había sido violada, explicó el doctor.

Su labor, subrayó, fue únicamente determinar las causas del deceso, pero no identificar a los culpables. Nosotros no fuimos testigos del hecho. Hacer la investigación de quién fue el responsable le corresponde al Ministerio Público, eso lo quiero dejar bien claro.

Al darse a conocer su dictamen, las amenazas comenzaron de inmediato. Como me sostuve, me quisieron sobornar, pero me mantuve en la raya diciendo que la señora había sido violada y asesinada. Estuvieron a punto de correrme el año antepasado, lo que no ocurrió gracias a la presión de los medios, dijo.

A final de cuentas, las autoridades veracruzanas y el gobierno federal lograron desacreditar la resolución del forense y decretaron oficialmente que la muerte de la indígena se había debido a una gastritis mal atendida, lamentó Mendizábal, quien tiene 25 años de antigüedad en la PGJV, y cursó una maestría en ciencias penales.

Por esta situación también he sufrido represalias como médico del ayuntamiento de Orizaba, porque el alcalde Juan Manuel Díez me suspendió de mi puesto. He tenido que luchar contra viento y marea para defenderme y ahora el último recurso que me queda, por despido injustificado, se está discutiendo en un juzgado de distrito de Boca del Río, que pronto va a emitir su sentencia, a más tardar en septiembre, detalló.

Cuando ocurrió la muerte de Ernestina Ascencio, recordó el médico, todavía no era tan común que se acusara al Ejército de cometer abusos contra civiles, pero ahora a cada rato vemos en las noticias de violaciones a los derechos humanos.

Las presiones que encara hasta la fecha son “el pago a la rectitud de hacer las cosas bien, de forma imparcial y apegada a derecho. Hubieran querido que dijera ‘murió de gastritis”, pero no fue así. Quiero que quede bien claro que jamás dudé de mi dictamen: mi forma de actuar fue la correcta, aunque ahora sufra un despido injustificado”, aseveró.