Expertos en materia petrolera consideraron que la adjudicación de los contratos integrales para campos maduros hecha por Petróleos Mexicanos a empresas privadas es inconstitucional y solamente tienen el propósito de enriquecer a las compañías privadas.

Antonio Gershenson, especialista en temas energéticos, consideró que el gran despliegue de dinero y tiempo tiene el propósito de transferir grandes sumas de dinero para enriquecer a las empresas privadas y desplazar a Pemex de sus actividades, que por ley están reservadas al Estado.

En primer lugar estas zonas ya están bastante agotadas; precisamente por eso Pemex no las explota, pero al ayudar a empresas a que subsistan con grandes montos de recursos y tiempo están poniendo a esas compañías en primer plano y relegando a la paraestatal.

El especialista indicó que están disfrazando un negocio, como el que se hizo en Chicontepec con grandes presupuestos pero con ínfimos resultados. Ese es el problema, agregó: toman zonas poco productivas y enriquecen a empresas privadas y a ellos (funcionarios de Pemex) les va a tocar algo, y por eso están haciendo un negocio nuevo.

Por su parte, Miriam Grunstein, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó su asombro ante el hecho de que se anuncie que empresas privadas explotarán crudo mediante un nuevo modelo de colaboración. Esto no es una sutileza jurídica. Explicó que el contrato define que el único operador es Pemex, y lo que está contratando es un servicio, y por lo tanto Pemex es el único facultado por ley para realizar esas operaciones, y si se salen de ese esquema están haciendo algo ilegal, advirtió.

Es la primera vez que se establecen contratos con una tarifa volumétrica más un esquema de recuperación de costos, pero conforme al contrato sólo son prestadores de servicios, y sólo Pemex debe tener el control, según la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.

Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, dijo que Pemex tiene la obligación de preparar los servicios necesarios para realizar este tipo de actividades y adicionalmente la petrolera ha demostrado que es tanto o más competente que las compañías de servicios.

Si Pemex no tuviera los cuadros necesarios su obligación sería formarlos, y la opinión del grupo es que estos contratos integrales son inconstitucionales. Probablemente en un futuro cercano se interponga una nueva controversia constitucional e impugnarlos para revertir estos contratos.