El pasado 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas de Guerrero ultrajadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, que las averiguaciones previas relacionadas con la violación sexual y tortura cometidas en su contra por militares han sido remitidas a la Procuraduría General de la Republica.

El traslado al fuero civil de las investigaciones de los casos de Inés y Valentina constituye un precedente fundamental para que todos los casos en que elementos del Ejército Mexicano se vean involucrados en transgresiones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las fuerzas armadas, consideraron organizaciones civiles.

Éste es el primer caso de violación sexual y tortura cometida por soldados contra mujeres en que la justicia militar se declara incompetente y lo transfiere a la justicia civil, a raíz de las sentencias –de agosto y noviembre– de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Inés y Valentina, en los que ordenó al Estado mexicano que las investigaciones de las violaciones sexuales perpetradas por militares fueran remitidas por la procuraduría militar a las autoridades civiles.

Y también es el primer caso trasladado por la justicia militar a las autoridades civiles, a partir de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en que luego, del análisis “del expediente ‘Varios 912/2010 (Rosendo Radilla, desaparecido por militares en Guerrero, en la denominada guerra sucia)’, resolvió que el fuero castrense no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deben ser juzgados por tribunales civiles”.

Los centros de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Red Nacional de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Fortaleciendo el Poder Colectivo de las Mujeres y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) sostuvieron:

Ahora, la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercer acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables, mismos que ya han sido identificados por Inés y Valentina.

Además –resaltaron–, la remisión de los casos al fuero civil no agota las obligaciones impuestas a México en las sentencias de la CIDH) referente a los casos de Inés y Valentina, por lo que la PGR y su titular, Marisela Morales, deberán garantizar una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por el tribunal interamericano.

Las organizaciones de derechos humanos referidas destacaron que, en el escrito, el Ministerio Público de la PGJM comunica que “la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la incompetencia (sic) para seguir conociendo y determinar la(s) indagatoria (s) número S/C179/2009/II-E y SC/ 180/2009/II-E.

Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar giró dos oficios el 29 de julio del año en curso, mediante los cuales remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR (ambas) indagato- ria(s) de referencia, a fin de que se determine lo que a derecho procede.

En su informe anual 2004, Amnistía Internacional denunció a escala mundial las violaciones sexuales cometidas por militares contra las indígenas Inés y Valentina.

El 16 de febrero de 2002, “a las dos en punto de la tarde, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, integrante del grupo indígena Me’ phaa, vio acercarse a ocho soldados del 41 batallón de infantería mientras lavaba ropa cerca de su casa. Dos de los soldados caminaron hasta ella. Los acompañaba un civil con las manos atadas.

“Dos de los soldados caminaron hasta ella y le preguntaron por las actividades de unos encapuchados; cuando ella respondió que no conocía a ninguno, uno de los militares le apuntó con su arma y amenazó con disparar. Le enseñaron una fotografía a Valentina, le preguntaron por la identidad del individuo retratado en ella, y luego le leyeron una lista de 11 nombres; cuando respondió que no los conocía, el soldado que le había apuntado con el arma la golpeó en el estómago con la culata de su rifle haciéndola caer al suelo y perder momentáneamente la conciencia.

“Uno de los soldados la agarro del pelo y siguió interrogándola… luego, bajo la mirada de los demás, dos de los soldados violaron a Valentina.”

Caso Inés. La tarde del 22 de marzo de 2002, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, preparaba agua en la cocina de su casa, acompañada por cuatro de sus hijos de corta edad, cuando aparecieron 11 soldados. Tres entraron en su casa y le preguntaron enérgicamente acerca de la carne que Inés estaba secando en el patio, y que los soldados decían que era robada. Ella apenas habla español, no respondió, entonces los soldados la violaron.