Santiago, 13 de agosto. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, anunció este sábado que el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera prohibirá la presencia de personas que se cubran el rostro en las manifestaciones de protesta y aumentará las penas por desórdenes públicos, para evitar desmanes como los que se produjeron durante la última marcha de los estudiantes.

A las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto. Vamos a poner término a los encapuchados. Se acabó el tiempo de gente que oculta su rostro para que no sea presa de la justicia, dijo Hinzpeter, quien anunció un proyecto de ley que modificará el decreto 1086, que regula las movilizaciones, y prohibirá la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro.

Asimismo, el funcionario aseguró que mediante otro proyecto de ley, se aumentarán las penas por desórdenes en la vía pública, al incrementar la condena de 341 días a tres años.

La manifestación más reciente convocada por estudiantes el pasado martes en Santiago acabó con disturbios que se saldaron con 396 detenidos y 78 lesionados, la quema de un auto y la destrucción de mobiliario urbano.

En tanto, dirigentes estudiantiles de todo el país, reunidos en la Universidad de Concepción, en la capital de la región de Bío-Bío, analizan qué medidas adoptarán para que el gobierno de Piñera dé respuestas a sus demandas.

El presidente de la Federación de Estudiantes de esa institución pública, Guillermo Petersen, recalcó que es necesario continuar interpelando al Ejecutivo y subrayó que los jóvenes desconfían de la clase política del país, por lo que ven con recelo algún diálogo con el Parlamento Nacional.

Los jóvenes no descartan el plebiscito como salida al conflicto estudiantil, que data de más de dos décadas y que se ha acentuado en los últimos meses.

Los estudiantes chilenos demandan que el Estado garantice una educación pública de calidad, el establecimiento del transporte público gratuito para los escolares de secundaria, la reparación de las infraestructuras dañadas por el terremoto de 2010 y el fortalecimiento de la educación técnica, entre otras demandas.