En controvertida sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que el Gobierno del Distrito Federal pague por la expropiación del predio El Encino y ordenó a un juzgado de distrito que se encargue de convocar a la autoridad y al dueño del predio, para que propongan peritos y se fije el precio de la indemnización.

En votación dividida (seis a cinco), el pleno decidió que no procedía la petición de Promotora Internacional Santa Fe de que le devolvieran el terreno que le fue expropiado hace más de 10 años, por considerar que debía prevalecer el interés social por encima del beneficio económico del dueño.

De manera inusual, Luis María Aguilar criticó el dictamen que presentaron tres especialistas de la UNAM –a solicitud del ministro José Ramón Cossío y que fueron propuestos por el rector José Narro–, en el que quedó demostrado el impacto negativo para la sociedad que tendría la devolución del terreno.

Y aunque apoyó la propuesta de Cossío, sus señalamientos merecieron respuestas contundentes del ministro ponente.

El dictamen señala que el valor actual del inmueble es de alrededor de 240 millones de pesos; sin embargo, para Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, quien estuvo presente en la sesión del pleno, el monto de la indemnización sería de cerca de 70 millones de pesos. Será el juez de la causa el que cite a los peritos de las partes y tome una decisión definitiva.

Sergio Aguirre lamentó la decisión y comentó que la Corte enviaba un mensaje muy grave de que en México no se respeta el derecho a la propiedad.

Al igual que el presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Jorge Pardo, Aguirre señaló que la expropiación del predio en 2000 fue ilegal y, por tanto, era inaceptable el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.

¿Qué mensaje estamos lanzando con esto? En este país la Suprema Corte no hace respetar el derecho a la propiedad. Y esto para mí es gravísimo, dijo.

Ortiz Mayagotia aprovechó para criticar al gobierno de Marcelo Ebrard, porque con la decisión del pleno vamos a tener aquí el problema de los costos excesivos del valor del terreno que las autoridades del Distrito Federal no van a poder o no van a querer pagar, como suele suceder en estos temas de expropiación.

También censuró a la mayoría por pretender legalizar un acto delincuencial en el que se giró una orden de aprehensión por una ocupación indebida con violación a una suspensión concedida. Ortiz se refería al ex jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien fue desaforado por haber violado dicha suspensión.

Sánchez Cordero respondió que de concederse la restitución del predio, las cargas que podría resentir la sociedad serían muy onerosas, tanto para las personas que viven y transitan por la zona como para toda el área de Santa Fe. Sobre todo, por los problemas que se generarían en materia de vialidad y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que atraviesa El Encino, sin contar el costo de los recursos públicos que se han destinado a la realización de diversas obras.

Al igual que Cossío, Arturo Zaldívar, Sergio Valls, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Sánchez Cordero recordó a la minoría que el tema a tratar era únicamente respecto de si procedía o no el cumplimiento sustituto, por lo que la forma en que había sido expropiado el terreno ya era cosa juzgada.

Por la noche, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró buena noticia la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio la razón a la administración capitalina para expropiar el predio El Encino.

Indicó que con este fallo se acabó la discusión sobre la cual hubo una gran perspectiva política, incluso intentaron el dasafuero de mi antecesor, por supuesto.

Con información de Bertha Teresa Ramírez