Cherán y Ostula, Mich., y San Luis Acatlán, Gro. Cansados de los asaltos, robos y violaciones en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, de la tala de los bosques y de la delincuencia organizada en Cherán, así como de la invasión a su territorio en Ostula, miles de indígenas de estos pueblos decidieron valerse por sí mismos y organizar su autodefensa.

Con historias y dinámicas distintas, los comuneros de Cherán, en la meseta purépecha; los nahuas de Ostula, en el litoral del Pacífico michoacano, y los mixtecos, nahuas y mestizos de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, reivindican sus sistemas de seguridad tradicionales y tienen en sus manos la vigilancia de sus comunidades.

Mientras en Ostula y Cherán los pueblos –al margen del gobierno– se hacen cargo de la vigilancia local, en Guerrero 65 comunidades tienen, además de los cuerpos de seguridad, un sistema de impartición de justicia propio basado en la reducación.

Representantes entrevistados en sus respectivas sedes coinciden en que ninguna de estas experiencias corresponde a grupos armados contra el gobierno, pero sí reflejan la falta de justicia y de seguridad en sus zonas. En una palabra, existimos porque el gobierno no hace su trabajo, afirma Pablo Guzmán, uno de los nueve coordinadores de la policía comunitaria de Guerrero.

No es casual que los tres casos se lleven a cabo en comunidades indígenas. Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país, señalan pobladores de Cherán entrevistados en la casa comunal, en el mismo inmueble que anteriormente albergó la presidencia municipal, hoy recuperada por los pobladores.

El reto actual, además de la seguridad interna, son los megaproyectos que intentan despojarlos de su territorio. La amenaza en Ostula –explica el jefe de Tenencia– es la construcción de la supercarretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la costa de Michoacán. Un puerto, hoteles y demás planes inmobiliarios están contemplados para esta región; mientras en Cherán es la riqueza de sus bosques la que está en juego, donde los talamontes son los que se han beneficiado. En La Montaña de Guerrero, por su parte, la amenaza actual al territorio viene de los proyectos mineros de origen inglés y canadiense.

Las recientes intimidaciones, los levantones y homicidios de que han sido víctimas los comuneros de Ostula y Cherán los obligan a permanecer en el anonimato. Acceden a las entrevistas y acompañan el recorrido por sus poblados pero piden no dar sus nombres. Los de la policía comunitaria de Guerrero sí se identifican, pues aunque tienen órdenes de aprehensión en su contra, su situación actual es distinta.

Ostula: De aquí nadie nos saca

El 29 de junio de 2009, los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.

Pudimos recuperar nuestras tierras, señala El Trompas, uno de los responsables de la seguridad, gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora, de aquí no nos vamos; para eso tenemos nuestra policía.

El paraje de Xayakalan está destruido. Una playa tapizada de palmeras y cocos en el piso, los techos de las palapas hechos pedazos, enormes troncos encima de lo que hasta poco fueron casitas, cientos de árboles de tamarindo arrancados desde la raíz, casas de adobe sin techo y con enormes boquetes en las paredes, un jardín de niños del que, literalmente, sólo queda un palo, dan cuenta del paso del huracán Beatriz, que en junio pasado azotó a esta comunidad de la costa michoacana.

Poco más de dos años después de haber recuperado estas tierras, El Trompas asegura: todos aquí seguimos puestos. Si el huracán no nos sacó, menos el gobierno.

Junto con otro grupo de indígenas explica que la policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su función es resguardar el perímetro de las tierras en conflicto. No están –insisten– para enfrentar a la delincuencia organizada, para desarmar a nadie ni para intervenir en otras cosas; sólo para cuidar el territorio que nos pertenece.

Una característica común en Ostula, Cherán y los poblados de Guerrero es que ninguno de sus policías recibe sueldo ni retribución alguna. En Cherán y en Ostula no tienen uniforme ni distintivos, mientras en Guerrero cuentan hasta con credenciales y modestas camisetas y gorras con el emblema de la policía comunitaria de Guerrero, que está por cumplir 16 años de existencia; la de Ostula tiene dos años y la de Cherán sólo cuatro meses de haber sido reactivada, aunque en realidad, coinciden todos, lo que se está poniendo en práctica es una organización basada en sus sistemas normativos tradicionales. Nada nuevo.

Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Este es el territorio vigilado.

Policías comunitarios de Guerrero, luego de una asamblea de las autoridades autónomas. Imagen de 2002Foto Marco Peláez

En ocasión de su segundo aniversario, denunciaron el asesinato de 26 comuneros, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados. Pero hoy, señalan, la situación está más tranquila.

El pasado 20 de julio, la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, previstas para el próximo 13 de noviembre. Los partidos políticos, cuando andan queriendo el puesto, te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran, finalizan los entrevistados bajo una palapa semidestruida en Xayakalan.

No volvemos a entregar nuestra seguridad

En otro lado de Michoacán, en el corazón de la meseta purépecha, la cotidianidad de la comunidad de Cherán cambió radicalmente a partir del pasado 15 de abril, fecha en que decidieron reactivar la autodefensa de un pueblo asolado por los talamontes que casi terminan con sus bosques.

Han pasado casi cuatro meses desde que los pobladores decidieron prácticamente encerrarse en su comunidad. Instalaron barricadas en todos los accesos y en las noches cerca de 200 fogatas alumbran la vigilancia de un pueblo entero que se cuida a sí mismo. Al igual que en la comunidad nahua de Ostula, las armas son más simbólicas que otra cosa: machetes, palos, hachas y una que otra escopeta de cacería.

El movimiento empezó cuando, cansados de la tala clandestina de sus bosques, decidieron enfrentar a quienes saquean la madera desde hace tres años. Los pobladores denuncian que los talamontes, armados hasta los dientes, hasta el momento han destruido totalmente más de 15 mil hectáreas (80 por ciento del bosque de 20 mil hectáreas).

A partir de que la seguridad está en sus manos, los delitos al interior han bajado hasta en 90 por ciento. No han logrado abatir por completo la tala, pero también la han mermado de manera considerable. Asimismo, en sólo tres meses consiguieron reducir más de 50 por ciento el alcoholismo en la comunidad.

Actualmente está prohibida la propaganda electoral. Ni los autos ni las casas pueden exhibir pancartas o calcomanías de un partido político, y si los candidatos intentan entrar lo consideramos un acto de provocación.

La ronda tradicional está a cargo de la seguridad de los más de 20 mil pobladores, pero es más interna que externa, pues no podemos competir con las armas que trae la delincuencia organizada.

La comunidad tiene ley seca desde que empezó la movilización, por lo que una de las tareas de la ronda es vigilar el orden y amonestar o detener a quienes ingieren bebidas alcohólicas: si un compañero se emborracha y es la primera vez que lo agarramos, lo exhortamos a que ya no lo haga. La segunda vez se le castiga con trabajos comunitarios, como la limpieza de las barricadas o de las fogatas. Y la tercera vez se le manda obligatoriamente a rehabilitarse en Alcohólicos Anónimos. Todo esto por decisión de la asamblea.

Independientemente de lo que ocurra en el futuro –señalan–, el proceso que iniciamos ya no tiene regreso. Nosotros ya no volvemos a entregar nuestra seguridad interna al gobierno.

Una de las experiencias autónomas más notables en cuanto a sistemas de impartición de justicia (fuera de Chiapas), la protagonizan 65 comunidades de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, que desde hace casi 16 años se hacen cargo de su seguridad, disminuyendo la delincuencia hasta en 90 por ciento.

Juan González Rojas, fundador de la policía comunitaria y su primer coordinador, recuerda la región azotada por innumerables delitos, con la indiferencia y/o complicidad de los gobiernos en turno. Homicidios, abigeatos, asaltos en carreteras y violaciones de mujeres eran comunes en la zona, hasta que el pueblo de Santa Cruz del Rincón se cansó y se juntó para ver qué hacía para defenderse, y así empezó la policía comunitaria.

Al gobierno –recuerda uno de los fundadores– no le gustó la idea, pero les dijimos que no íbamos a negociar, sino a informar lo que estábamos haciendo. Entonces, nos dio un ultimátum para que nos desarmáramos. Les dijimos que no éramos un grupo armado para enfrentarlos, sino para coadyuvar en la seguridad de la población.

Empezaron aproximadamente 10 comunidades, y 16 años después son 65, cada una con su propio grupo de policías. En total cuentan con alrededor de 600 policías para una población de 100 mil habitantes de 11 municipios.

Pablo Guzmán, uno de los nueve coordinadores actuales, explica: ya no se trata sólo de detener delincuentes ni sólo de impartir justicia y reducarlos, sino de ir al fondo de los problemas, pues nada resolvemos si recibimos denuncias todo el día, lo que debemos atacar es el origen de las mismas, como el alcoholismo, el desempleo, la descomposición familiar, la falta de educación, etcétera. Y en eso están.

Su relación actual con el gobierno, con todo y las órdenes de aprehensión en su contra, es de no enfrentarnos, pues no le disputamos el poder. Sólo que nos dejen trabajar en paz

Felícitas Martínez Solano fue la primera mujer dentro de la policía comunitaria. Es coordinadora regional y señala que en estos 16 años las mujeres han sido invisibles. No ha sido fácil su inclusión, pero ya no es lo mismo que antes, afirma.