Durante este año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuó 541 verificaciones a escuelas privadas en el Distrito Federal, en las que identificó que 134 centros escolares infringen la ley y llevan a cabo prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.

De ellas, 17 fueron ya apercibidas por condicionar el transporte escolar a la contratación del servicio, así como a la aplicación de cuotas ecológicas, refiere un informe de la dependencia federal enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Entre ellas se encuentran, de acuerdo con el documento firmado por el coordinador ejecutivo de la Profeco, el Colegio Vista Hermosa, The American School Foundation, Colegio Alemán, Colegio Monteverde, Escuela Alexander Bain y Colegio Nuevo Continente.

Durante el trabajo de supervisión, la dependencia identificó varios escenarios, entre ellos, el de centros escolares como el Colegio Vista Hermosa y The American School Foundation que aun cuando no están obligados a poner en marcha el programa de transporte escolar impulsado por el gobierno capitalino obligan a los padres a contratar el servicio.

Aunado a ello, estas dos escuelas, aplican prácticas abusivas como el pago de cuotas ecológicas como una condición para la inscripción o reinscripción de los estudiantes.

En contraste, existen otras escuelas que si bien están obligadas a contratar el servicio de transporte, lo ofrecen como opcional, e inclusive, se han amparado para no cumplir con esta disposición. En esta lista se ubican la Escuela Nueva Justo Sierra, Colegio Madrid, Instituto Ovalle Monday, Instituto Inglés Mexicano y el Instituto Miguel Ángel.

La mayoría de las prácticas abusivas detectadas en 134 escuelas privadas, precisa el documento, tienen que ver con no informar de manera veraz las tarifas por la prestación del servicio del transporte, realizar cobros en dólares, sin informar el tipo de cambio actual, y no acreditar la veracidad de la información difundida a los consumidores sobre la incorporación de los servicios educativos a la SEP en los niveles de prescolar y primaria.

En los casos en los que se detectaron irregularidades, una vez desahogadas las etapas procesales correspondientes, las sanciones a imponerse podrán ser de un mínimo de 397.76 pesos a un máximo de un millón 272 mil 813 pesos.

La Profeco advierte que en atención a las denuncias presentadas, los operativos de verificación continuarán en los planteles educativos.