La Procuraduría General de la República (PGR) inició procedimientos por responsabilidad administrativa como consecuencia de las revisiones de los órganos de fiscalización de la procuraduría, ya sea del órgano interno de control o de la visitaduría general, en contra de diez de los 21 ex delegados de esa institución, e indicó que los ex funcionarios dimitieron tras realizarse una nueva evaluación de confianza, lo que significa que no salieron por haber reprobado las pruebas poligráficas, sicológicas, de entorno social (económicas) y antidopaje, como inicialmente había difundido la institución federal.

Ex delegados de la PGR declararon a este diario el pasado martes que Rosa Elena Torres Dávila, entonces encargada de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Amparo, los amenazó con boletinarlos en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública si no firmaban su renuncia con carácter de irrevocable, y que ello se dio en el décimo piso de la sede la PGR, en Reforma 211, mientras elementos de la Policía Federal Ministerial rodeaban el inmueble para impedir su salida.

Ayer, la PGR, en un boletín –luego de desechar la posibilidad de informar en una conferencia de prensa– señaló: “referente a las dimisiones de 21 delegados, se precisa (que) la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indica como obligación que todos los miembros de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Pública, para su ingreso y permanencia, deben cumplir con los requisitos en ella señalados, los cuales son muy claros.

Desde el 7 de abril, que tomó posesión la nueva titular de la PGR, dispuso que todo personal, iniciando por ella, para poder ingresar y permanecer en la institución, diera cabal cumplimiento al mandato normativo, tanto del SNSP como de las propias disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría y que por ello también fueron sometidos a las pruebas de confianza los subprocuradores, el oficial mayor, los jefes de unidad, coordinadores generales, directores generales y el resto de la estructura de mando.

La institución señaló que el Centro de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la PGR, con autonomía técnica. El 28 de diciembre de 2010, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública certificó los procesos de evaluación y acreditó al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR como el primero en el país, adoptando a partir de ese momento criterios, lineamientos y normas específicas de evaluación dictadas por esa autoridad.

Sin embargo, el 6 de julio la propia procuradora Marisela Morales ordenó una revisión de los procedimientos y actuaciones de su centro de control de confianza: se advierte irregularidades en los procedimientos de permanencia, de las evaluaciones de control de confianza, por lo que se trabaja en la limpieza de todo el personal de la institución. No habrá impunidad dentro de la PGR, ni en ninguno de sus órganos. Se investigará a fondo para sancionar con severidad a todos los implicados directa e indirectamente.

Supuestamente, en el caso de los delegados, “desde la segunda quincena de junio se evaluó a todos los delegados estatales del país, conforme se obtuvieron resultados de esos exámenes, se generó el proceso de reclutamiento, selección de personal y programación de evaluaciones para cubrir relevos.

Derivado de ese proceso, se dio la dimisión de 21 delegados (sic), y presuntamente previa sesión del consejo asesor para la designación de delegados y subdelegados, agregados y subagregados de la PGR, en la cual intervino el consejo de participación ciudadana de la institución, se recomendó a la titular de la procuraduría la designación de los nuevos delegados que se harán cargo de las plazas que se encuentran vacantes, quienes en todos los casos cumplieron con sus evaluaciones de control de confianza en forma satisfactoria y fueron sometidos a revisión de las instancias federales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Nacional.

De esa manera, la PGR oficializó la designación de 23 nuevos delegados, es decir, se removió a dos más de sus cargos.