Funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) defendieron ante diputados la propuesta de ley anticorrupción, con el argumento de que involucrar a los ciudadanos en la denuncia contra funcionarios a cambio de un incentivo agilizaría la integración de expedientes y focalizar la investigación.

Durante casi cuatro horas, la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, Elizabeth Yáñez Robles, y sus colaboradores, trataron de responder a las dudas y críticas de los legisladores sobre el proyecto.

La subsecretaria reconoció que si antes se cerraban los expedientes contra funcionarios no fue por falta de elementos que acreditaran actos de corrupción, sino porque la SFP no contaba con áreas especializadas para dar seguimiento a cada caso.

Refirió que en la presente administración, la dependencia aplicó 3 mil 409 sanciones y mil 556 destituciones de servidores públicos por deshonestidad, pero consideró que también deben fortalecerse las multas y castigos a las empresas que contribuyen a la componenda.

Sin embargo, integrantes de la comisión cuestionaron que acotar la corrupción no dependerá de las denuncias, porque la Función Pública conoce de asuntos evidentes de probable desvío de recursos, como la Estela de Luz y los contratos otorgados por la agencia turística del Isssste, que ya ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. “Pero la respuesta, el seguimiento y los resultados que permiten dejar en libertad a los funcionarios que delinquen da la impresión de que falta voluntad política para aplicar la ley y que ésta se utiliza políticamente, como en el caso de Gregorio Sánchez (ex candidato perredista al gobierno de Quintana Roo) y el michoacanazo”, cuestionó el diputado Josué Valdés Huezo.

Los funcionarios argumentaron a los diputados que si bien se han interpuesto mil 500 denuncias por probables actos de corrupción, la secretaría no es parte en el proceso penal que es exclusivo de la Procuraduría General de la República.

Prioritario, preservar integridad

El presidente de la comisión, Pablo Escudero (PVEM), dijo que el proyecto el gobierno federal debe ponderar más la preservación de la integridad de quienes denuncien, antes que considerar darles una recompensa.

Yáñez Robles sostuvo que conceder un incentivo a cambio de denuncias de probable corrupción no es una práctica de México, sino que está probada en diferentes países con buenos resultados.