Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un informe con los argumentos que esgrimió la administración capitalina para señalar en qué zonas de la ciudad se pueden instalar tiendas de autoservicio.

Los argumentos presentados por la acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de esa disposición, contenida en la norma 29, sostienen que debe sobreseerse la acción que intenta la PGR, ya que no se trata de una ley, sino de un acto administrativo, y no procede el recurso.

En entrevista señaló que el argumento más fuerte de las autoridades capitalinas es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene facultades para determinar usos de suelo urbano y decir dónde sí se pueden ubicar ciertos establecimientos y dónde no

Agregó que la norma 29 se relaciona directamente con una medida de ese carácter, así como de planeación del desarrollo, que incluye aspectos culturales, sociales y económicos que deben analizarse en su contexto.

El informe incluye información proporcionada por la PAOT, acerca de las denuncias por ruido, carga y descarga, olor a diesel, todo lo que lleva un supermercado cuando se instala en un centro de barrio, añadió la funcionaria.