Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas que acusan a elementos del Ejército de haberlas violado, exigieron a la procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia Militar (PGJM) que sus agresores sean investigados en el fuero civil, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente se manifestó por restringir el fuero castrense.

Las dos mujeres informaron que entregaron una misiva a la PGR, en la cual le exigen que atraiga el caso de los militares acusados, y otra a la PGJM para que renuncie a este caso y entregue de inmediato las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las agresiones, cometidas en 2002 en Guerrero.

En conferencia de prensa –en la que Inés Fernández y Valentina Rosendo, integrantes de la etnia me’phaa, estuvieron acompañadas de representantes de organizaciones de derechos humanos–, se informó que cuando menos hay 500 denuncias de violaciones de garantías en las que están involucrados elementos de las fuerzas armadas, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esos casos deben ser juzgados en tribunales civiles, y no en cortes castrenses, como hasta ahora, señalaron.

La entrega de esas cartas se realiza tras ocho meses de que la CIDH ordenó al Estado mexicano que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil, y luego de que hace unas semanas la SCJN, en una resolución histórica, decidió restringir el fuero militar.

Pero hasta el momento los casos de los militares acusados de violaciones contra ambas indígenas, así como del resto de los casos existentes, permanecen en tribunales castrenses.

Por lo anterior, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, y Agnieszka Raczynska, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, señalaron que está en juego la congruencia del Ejecutivo para dar cumplimiento a las sentencia dictada por la CIDH.

Méndez Silva señaló que hasta el momento el Estado mexicano está en desacato de la sentencia del órgano internacional, pues sus resoluciones son obligatorias y no revisables, a lo cual se añade, dijo, la resolución recientemente tomada por la SCJN.

Édgar Cortez señaló que esta resolución obliga también al Congreso a modificar el artículo 57 de Código de Justicia Militar, que, hasta ahora, en una interpretación muy amplia, indica que los integrantes del Ejército involucrados en algún delito, aunque no sea estrictamente de disciplina u orden militar, deben ser juzgados por tribunales castrenses.

Respecto de los casos, Valentina Rosendo, originaria de Caxitepec, Guerrero, denunció que fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados cuando lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa. Tenía 17 años.

También en 2002, Inés Fernández Ortega, de la comunidad Barranca Tecuani, en el municipio guerrerense de Ayutla los Libres, asegura que fue violada y torturada también por militares.