El gobierno federal aceptó dialogar sobre la agenda de 10 puntos presentada por integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, relacionados con la participación ciudadana y la democratización de medios. También se incluyen los temas del gasto gubernamental en publicidad, uso de tiempos oficiales y reglamentos y mecanismos de contraloría social.

Al inicio de la primera sesión de la subcomisión en la materia, los representantes del movimiento manifestaron a la Secretaría de Gobernación su inconformidad –como lo hicieron la víspera otros activistas– por las declaraciones del secretario de Marina, Francisco Saynez, quien afirmó que los delincuentes utilizan a los grupos civiles para denostar a las fuerzas armadas.

El comentario se hizo antes de que comenzaran los trabajos de la mesa temática, que tiene como propósito abrir alternativas de expresión sobre los cuatro bastiones del movimiento, bajo la premisa de que si no hay canales de denuncia las víctimas seguirán invisibles.

El subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, recibió el mensaje y se comprometió –refirieron integrantes del movimiento– a abordar el punto, en el contexto del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.

Al encuentro, realizado en la sede de Bucareli, también asistieron el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, y el subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, Héctor Villarreal, quien indicó que en la próxima sesión, programada para el 4 de agosto, el gobierno presentará su análisis sobre esos temas.

Por los grupos civiles asistieron, entre otros, Clara Jusidman, Miguel Álvarez y Aleida Calleja, quien advirtió que acuden a esa mesa con escepticismo, porque de acuerdo con experiencias esos ejercicios son insuficientes para lograr un cambio estructural.

Estamos frente a un modelo mediático que atiende agendas informativas vinculadas con los intereses de los dueños, así como objetivos comerciales, dijo en entrevista al término de la sesión que duró tres horas, aunque Gobernación no reportó nada a la prensa.

En la agenda de 10 puntos se incluyen temas relacionados con los medios públicos y comunitarios, las normas oficiales mexicanas, los consejos ciudadanos de participación y el papel que deben desempeñar los medios públicos para la defensa de los derechos de las víctimas, entre otros.

Por otra parte, al término de la reunión con el Congreso, varios familiares de víctimas, entre ellas Julián Le Barón, acudieron a la Procuraduría General de la República para revisar el estado de los expedientes de sus parientes sacrificados por el crimen organizado. En la agenda del Movimiento por la Paz el encuentro estaba previsto como de carácter público, aunque al final fue privado.