San Cristóbal de las Casas, Chis. 26 de julio. Luego de presentar a los ex presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes fueron liberados el sábado pasado del penal de Playas de Catazajá, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, anunció que el organismo dará a conocer en breve la valoración jurídica de los procesos, así como sobre el despojo territorial sufrido por los indígenas, además de la situación del quinto preso, Mariano Demeza Silvano, quien fue liberado de la correccional juvenil de Berriozábal, pero sigue bajo caución.

Los ejidatarios tzeltales, señaló Hugo López, “recuperaron su libertad física; no obstante, llegaron a su comunidad y encontraron que ésta sigue ‘presa’ de un proceso unilateral, con la policía y el Ejército federal en sus tierras, y ante proyectos gubernamentales que no fueron consultados con los pobladores”.

También subrayó que, debido a los abusos que sufrieron en prisión, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez y Domingo García Gómez vivieron uno de los peores momentos dentro de la actual la situación de los presos en los penales del estado. Lo anterior fue denunciado repetidamente por ellos mismos y por sus familiares.

Este lunes, en las oficinas del citado centro de derechos humanos, y en presencia de los tres primeros, el defensor Marcelino Hernández Gómez recordó que la ONG hizo denuncias constantes de violaciones a los derechos de los indígenas, cometidas por funcionarios de todos los niveles de gobierno del estado.

Manifestó que “el gobierno es responsable de criminalizar la inconformidad, administrar el conflicto y violentar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la comunidad tzeltal.

También vulneró el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como las garantías de protección a los pueblos frente al abuso del poder, a la autodeterminación y autonomía, a la paz y la tierra.

Hasta la fecha se encuentran en total impunidad los responsables de los hechos violentos ocurridos a principios de febrero en San Sebastián, en el acceso a las cascadas de Agua Azul, por los cuales fueron perseguidos los indígenas, dijo.

Hernández Gómez declaró que el Frayba “demanda respeto a las garantías de los ejidatarios de la otra campaña en San Sebastián para ejercer la defensa de su tierra y territorio, a su autodeterminación como pueblo tzeltal, y que se finquen responsabilidades a los funcionarios responsables de estas violaciones”.

Poco antes, a nombre de los liberados, Domingo Pérez Álvaro había expresado: Estuvimos presos casi seis meses por defender nuestras tierras. Desde hace tres años nos vienen persiguiendo los malos gobernantes porque como ejidatarios y autoridades defendemos las tierras y riquezas naturales que nos dejaron nuestros tatarabuelos. El objetivo del gobierno es desaparecer nuestra organización, aseguró.

“Nuestra liberación como presos políticos no fue de gra- tis. Fue toda la presión política que hicieron nuestros compañeros de la otra campaña a escala nacional e internacional”, así como la resistencia sostenida de la comunidad.

Juan Aguilar Guzmán, el liberado de mayor edad, agradeció en lengua tzeltal las movilizaciones de solidaridad con ellos realizadas en distintas partes del mundo.